Cada cierto tiempo, con la regularidad de las mareas, el debate sobre la financiación autonómica vuelve a ocupar a ministros y consellers, declaraciones institucionales y tertulias políticas. Se nos dice que el sistema está agotado, que es injusto, que no refleja adecuadamente el coste de los servicios públicos o las particularidades territoriales. En Baleares, este discurso resulta especialmente familiar: llevamos décadas escuchando que somos una de las comunidades peor financiadas del Estado y que, cuando por fin se aborde el problema, llegará una solución más justa y, tal vez, definitiva.
No obstante, el debate siempre se abre y se cierra con las exigencias de los nacionalistas catalanes, hoy abiertamente independentistas. Desde la Transición, son ellos quienes acaban determinando el diseño del sistema. El peculiar juego electoral español les ha otorgado históricamente un poder de negociación superior, lo que les permite condicionar reformas clave. Siempre quieren —y siempre consiguen— más, a pesar de su recurrente discurso victimista.
A remolque, el resto de comunidades, incluida la balear, también ve incrementados sus recursos. Opera aquí una suerte de ley no escrita, a veces bautizada como “principio de statu quo”, que obliga a diseñar una infinidad de fondos verticales y horizontales para que, al menos formalmente, nadie salga perdiendo. El resultado es un sistema cada vez más opaco, más complejo y más costoso, donde las correcciones se hacen por acumulación y nunca mediante una revisión integral.
Hasta aquí, el debate tiene apariencia de discusión técnica. Pero sus consecuencias son cualquier cosa menos abstractas. El problema de fondo es que la financiación autonómica se plantea casi exclusivamente en términos de ingresos, nunca en términos de eficiencia, responsabilidad fiscal o control del gasto. Así, cada vez que se reabre esta discusión, hay una constante que no falla: acaban subiendo los impuestos. No es casual que los independentistas insistan, una y otra vez, en introducir cláusulas que limiten o directamente impidan cualquier tipo de competencia fiscal, tal como ya hicieron en el pasado sus predecesores nacionalistas.
En esta ocasión, sabemos que Esquerra exige un incremento de la asignación para su comunidad de en torno a 5.000 millones de euros. Así, para poder conceder esa cantidad sin romper el delicado equilibrio político, el Gobierno central está dispuesto a ofrecer al conjunto de comunidades del régimen común, –según estimaciones publicadas–, unos 21.000 millones adicionales, aplicando de nuevo la mencionada cláusula del "statu quo".
El problema es que los recursos gestionados directamente por el Estado, una vez efectuadas las transferencias a las comunidades autónomas, a la Seguridad Social, a la Unión Europea y el pago de los intereses de la deuda, apenas rondan entre los 50.000 y los 60.000 millones de euros. A ello hay que añadir el déficit público que, en último ejercicio cerrado, el de 2024, se situó en 44.500 millones de euros. La pregunta es inevitable: ¿de dónde saldrán los recursos prometidos a las comunidades de régimen común?
La respuesta es obvia, a pesar de que se intente soslayar, de nuestros bolsillos. No hay margen presupuestario suficiente ni capacidad real de maniobra sin recurrir a nuevas subidas de impuestos, ya sea vía figuras fiscales directas, eliminación de deducciones o incrementos encubiertos. El sablazo fiscal que se avecina es, por tanto, más que considerable.
A este escenario se suma un elemento adicional que apenas se discute: la fragmentación de la administración tributaria. A las cinco haciendas propias, ya existentes en las comunidades forales, podrían añadirse ahora un número indeterminado de nuevas agencias autonómicas. ¿Será más caro? Sin duda. ¿Será más eficiente? Todo apunta a que no. Y, lejos de mejorar el control, es más que probable que aumenten los espacios de descoordinación y, con ellos, el fraude fiscal.
Recuerdan que cuando España adoptó el IVA, el tipo general era del 12%, luego pasó al 13%, luego al 15%, y luego al 18% hasta el actual 21%. ¿Nos quedaremos en este último tipo? Mucho me temo que no, y eso sin contar con la inflación.
En definitiva, cada vez que se anuncia una reforma de la financiación autonómica, conviene recordar la experiencia acumulada. Detrás del lenguaje técnico y de las promesas de equidad, el resultado práctico suele ser el mismo: más gasto, más complejidad administrativa y, sobre todo, más impuestos. Por eso, cuando el debate vuelve a escena, el ciudadano haría bien en hacer lo que aconseja el título de este artículo: llevarse la mano a la cartera.
En esta ocasión, hasta catorce comunidades autónomas, gobernadas por partidos tanto de derechas como de izquierdas, han expresado su rechazo a la propuesta del actual gobierno tipo “pacte de progrés”. Esto podría interpretarse como una buena noticia. Sin embargo, la experiencia invita al escepticismo, pues mientras no se abordan las distorsiones del sistema político que convierten a minorías territoriales en árbitros permanentes de la gobernabilidad, la dinámica seguirá siendo parecida. Los contribuyentes seguiremos siendo los convidados de piedra y, por eso mismo, los paganos de cualquier alteración del modelo de financiación autonómica.
