El que fuera teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma por el PP durante la legislatura 2003-2007, Javier Rodrigo de Santos, se enfrenta a una petición de pena de 20 años de prisión formulada por la Fiscalía de Madrid, a raíz de la acusación de haber agredido sexualmente a dos reclusos a los que el exconcejal de Cort atendía, en su condición de trabajador en una casa de acogida gestionada por la ONG ‘Horizontes abiertos’.
Según publica el diario.es, el fiscal imputa a Rodrigo de Santos haber amenazado a estos dos reclusos con emitir un informe negativo sobre la posibilidad de que se les concedieran permisos de salida de la prisión en la que cumplían condena, si, a cambio, no accedían a su deseo de mantener relaciones sexuales.
La solicitud de pena formulada por la Fiscalía de Madrid se distribuye entre una primera petición de 15 años de cárcel por un delito de agresión sexual continuada a uno de los presos, y otra de cinco, por el mismo motivo, al segundo recluso.
El artículo periodístico explica que el que fuera también director general del antiguo Insalud en Baleares antes de acceder a otros cargos relevantes de la política balear como hombre fuerte de la estructura organizativa del PP en aquella época, ingresó en la ONG ‘Horizontes abiertos’ en septiembre de 2014.
Ello fue posible tras haber logrado la concesión del tercer grado penitenciario respecto a las penas de prisión que recayeron sobre el exedil de Palma por haber sido acusado de abusar de dos menores y utilizar de manera inapropiada los fondos de la tarjeta de crédito que le fue asignada con motivo de sus responsabilidades políticas en Cort.
Con el tiempo, según recoge la noticia de eldiario.es, Rodrigo de Santos pasó de ser voluntario a trabajador de la mencionada organización solidaria, y en abril de 2017 fue nombrado responsable de una de las casas de acogida que gestiona la entidad. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, fue detenido por estos nuevos presuntos delitos.
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