El litoral de Baleares se enfrenta a una "grave crisis ecológica" derivada de los efectos combinados del cambio climático y de la presión urbanística, según denuncia la entidad ecologista Greenpeace en su informe ‘Destrucció a tota costa 2026’, en el que advierte de que el aumento del nivel del mar podría hacer retroceder las playas entre 7 y 50 metros antes de final de siglo y provocar inundaciones en decenas de núcleos costeros del archipiélago.
La organización sostiene que el Mediterráneo se está calentando a un ritmo superior a la media global y alerta de que las proyecciones científicas apuntan a una subida del nivel del mar de entre 55,2 y 76,5 centímetros, lo que reduciría hasta en un 50 por ciento la superficie de numerosas playas y pondría en riesgo infraestructuras y zonas residenciales.
Entre los enclaves vulnerables cita áreas de Mallorca como Port de Pollença, la bahía de Alcúdia, Son Serra de Marina, Cala Millor, Portocolom, Port de Sóller, la Playa de Palma o Colònia de Sant Jordi, además de puntos de Menorca, Ibiza y Formentera.
El informe identifica a la bahía de Cala Millor como el espacio costero más amenazado de Baleares. Greenpeace explica que dos de los 2,5 kilómetros de playa están ocupados por hoteles construidos sobre antiguas lagunas litorales y advierte de que los temporales ya provocan el 70 por ciento de la erosión, mientras que el ascenso del nivel del mar representa el 30 por ciento restante.
Según sus cálculos, la playa podría perder el 27 por ciento de su anchura en apenas 25 o 30 años y hasta el 57 por ciento a finales de siglo, mientras que la zona de sa Punta de n'Amer podría llegar a perder el 95 por ciento de su superficie.
Greenpeace también alerta del deterioro de los ecosistemas marinos. Señala que las olas de calor están causando una elevada mortalidad en corales, esponjas y gorgonias y advierte de que la posidonia oceánica, esencial para proteger la costa y mantener la transparencia de las aguas, sufre una elevada mortalidad cuando la temperatura supera los 28 grados, con riesgo de "extinción funcional" a mediados de siglo si se mantienen las tendencias actuales. Asimismo, denuncia la expansión de la alga invasora Halimeda incrassata y la contaminación por microplásticos, especialmente en la bahía de Portmany, donde se han detectado concentraciones de hasta 2,77 microplásticos por metro cuadrado.
En el ámbito urbanístico, la organización critica la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y cuestiona la Ley de Ordenación y Gestión Integral del Litoral de Baleares, al considerar que prioriza los intereses urbanísticos frente a la conservación del litoral. También menciona como ejemplos la permanencia del hotel inacabado de Cala d'en Serra, en Ibiza, las columnas de Cala Llentia y las modificaciones legislativas que, a su juicio, favorecen una mayor presión sobre la costa.
Como medidas para hacer frente a esta situación, Greenpeace apuesta por soluciones basadas en la naturaleza, entre ellas la retirada estratégica de infraestructuras. Destaca el proyecto previsto en Cala Millor para retranquear 18 metros el paseo marítimo con el objetivo de recuperar el sistema dunar y ganar varias décadas frente al avance del mar. Además, reclama reforzar la protección de la posidonia mediante la instalación de nuevos campos de boyas ecológicas y pone como ejemplo de buenas prácticas las restricciones de acceso implantadas en Formentera para limitar la presión turística sobre espacios naturales sensibles.
PUNTOS CRÍTICOS EN EL LITORAL NACIONAL
El diagnóstico para Baleares forma parte del informe estatal "Destrucción a toda costa 2026", en el que Greenpeace advierte de una "fragilidad sin precedentes" del litoral español. La organización identifica cerca de 200 puntos críticos repartidos por toda la costa y sostiene que el modelo urbanístico desarrollado durante las últimas décadas ha agravado la vulnerabilidad frente al cambio climático.
Según el informe, la costa española supera los 7.900 kilómetros de longitud y, en los últimos 30 años, la superficie urbanizada en el litoral se ha duplicado, hasta alcanzar el 13,1 por ciento de la franja costera, frente al 2 por ciento del interior del país.
Greenpeace alerta además de que la sucesión de borrascas registrada entre enero y febrero de este año puso de manifiesto la vulnerabilidad del litoral español. La organización cifra en cerca de 250 millones de euros los daños ocasionados por los temporales y critica que las regeneraciones artificiales de playas mediante aportes de arena supongan un elevado gasto público sin resolver el problema de fondo.
Según sus cálculos, las actuaciones de reparación y regeneración previstas este año ascienden a 246 millones de euros, de los que casi el 70 por ciento corresponden a la Comunidad Valenciana.
Entre los enclaves más amenazados del país, el informe sitúa en primer lugar el delta del Ebro, seguido por las playas de la Albufera de Valencia, la costa de Doñana, La Manga del Mar Menor, Camposoto (Cádiz), Maspalomas (Gran Canaria), la playa de Carvajal (Fuengirola) o el litoral sur de Castellón, entre otros. Como respuesta, Greenpeace reclama una gestión adaptativa basada en la restauración de dunas y humedales, la recuperación de ecosistemas naturales y el retranqueo estratégico de infraestructuras situadas en primera línea de costa, frente a las soluciones basadas exclusivamente en obras de ingeniería y regeneraciones periódicas de arena.
