El lamentable episodio que estamos viviendo con el segundo casino de Mallorca es realmente incalificable. El Ayuntamiento de Palma ha sido incapaz de articular una solución política ante un conflicto que se veía venir. Si analizamos los motivos de esta incapacidad resolutiva de la Administración local, hay que situar en primer lugar a las luchas políticas entre la Junta Local del PP de Palma y el consistorio.
Este es un asunto que apesta desde el primer día. El Govern de les Illes Balears convoca un concurso para conceder una segunda licencia de casino de juego en Palma al que se presentan tres empresas. Destacados miembros del PP se declaran públicamente a favor de una de las empresas que concursa. Sin embargo, el concurso lo acaba ganando otra empresa con un informe de idoneidad del Ayuntamiento de Palma. Cuando llega el momento de que la empresa ganadora empiece las obras de mejora del local en el que se instalará el casino, el Ayuntamiento deniega la licencia municipal con informes que contradicen lo escrito por el propio Ayuntamiento pocos meses antes.
Este vergonzoso y tercermundista cruce de informes en un sentido y en el opuesto ha puesto en evidencia al Ayuntamiento. Según la empresa ganadora a la que el Ayuntamiento está ahora torpedeando descaradamente, ganó el concurso del casino quien no debía. Y el favorito para ganarlo, perdió ante un proyecto mejor.
Ahora estamos ante un bloqueo inexplicable por parte del Ayuntamiento a una empresa que ha ganado un concurso y ya ha invertido más de 7 millones de euros en el proyecto. Este bloqueo supone también la paralización de la creación de 178 puestos de trabajo fijos, con lo que eso supone en una época de alto nivel de paro para 178 familias que de no existir estas trabas sobrevenidas, contarían con una estabilidad laboral y económica que muchos quisieran.
Todo está parado por una flagrante incapacidad municipal y el conflicto deberá ser resuelto por un juez, tras la presentación de recursos y denuncias por parte de la adjudicataria del casino, tanto en el ámbito contencioso-administrativo como en el ámbito penal. Lamentablemente ya no hay otra solución posible, según parece.
El Consell de Gerència d'Urbanisme, responsable último de este inconcebible bloqueo administrativo, está controlado por el gerente de Urbanismo de Palma, Fernando González. La empresa Casino Teatro Balear le responsabiliza de la actual situación y tendrá que dar explicaciones de sus decisiones, como el resto de miembros del Consell de Gerència, en el ámbito judicial, donde quién sabe cómo pueda terminar todo.
Todo lo sucedido en torno al segundo casino de Palma recuerda a otros tiempos donde una administración de un color político determinado bloqueaba a otra de distinto color por misteriosas y turbias razones. Creíamos aquellas épocas superadas, pero quizás aún no lo estén del todo y aún haya quien crea que el capricho y la arbitrariedad puede ser norma de actuación y quedar impune.
