La crisis en Catalunya ha experimentado un severo y súbito empeoramiento tras el encarcelamiento en prisión preventiva incondicional y sin fianza del exvicepresidente del Govern de la Generalitat, Oriol Junqueras, y siete exconsellers del Govern. El único que ha podido eludir la prisión preventiva, Santi Vila, lo hizo tras depositar una fianza de 50.000, lo que no le libró de pasar una noche privado de libertad. La jueza de la Audiencia Nacional apreció riesgo de reiteración delictiva y también un elevado riesgo de fuga, toda vez que el presidente cesado, Carles Puigdemont, está en Bélgica junto a otros cuatro exconsellers y no han comparecido ante la Justicia, manifestando públicamente que no lo harán en España, en lo que se interpreta como una maniobra para no responder de los delitos de los que son acusados, además de internacionalizar el conflicto. Es por ello que a última hora de este viernes la jueza Carmen Lámela ordenó la detención e ingreso en prisión de todos ellos.
Tras las actuaciones judiciales, se ha sucedido una catarata de airadas reacciones, acusando a la Justicia española de estar politizada, de actuar al dictado del Ejecutivo de Rajoy y calificando a los arrestados de presos políticos. Y, como era de prever, se han sucedido las movilizaciones a favor de la libertad de los miembros del Govern y también de los líderes de la ANC y de Òmnium, los ‘Jordis’. Estas movilizaciones, ya importantes, cobrarán fuerza a medida que se acerquen las elecciones del 21 de diciembre.
Salta a la vista que una escalada de medidas judiciales no contribuye a buscar una salida razonable a la crisis, que en todo caso habrá de ser política. Pero de ningún modo se puede aceptar que se hable de “presos políticos”, porque en España nadie va a la cárcel ni es perseguido por razones políticas, sino por sus actos u omisiones que constituyan un delito previsto y penado en el Código Penal. Desde este punto de vista es absurdo que se insista en ese argumento que no se sostiene y que, además, ningún país de la Unión Europea admitirá.
Es preciso enfriar la situación, pues ahora es altamente inestable, de modo que puedan celebrarse las elecciones con normalidad y para que a la vista del resultado que arrojen, pueda iniciarse un proceso de diálogo y negociación que orille las actuaciones unilaterales que hasta ahora han dominado los movimientos políticos de las partes en conflicto.
Pero es dudoso que el expresident Puigdemont sea ahora y en este contexto, parte de la solución. Por ello, su propuesta de encabezar una candidatura desde el extranjero, prófugo de la Justicia y con la credibilidad por los suelos, se antoja peregrina y huérfana de sentido común y lógica política.
Lo que se requiere ahora es altura de miras, generosidad y crear las condiciones adecuadas para un diálogo sin más condicionantes previos que el respeto a la legalidad constitucional y estatutaria. Por parte de todos.
