Durante el pasado año, la tasa de reposición matrimonial se ha recuperado y, respecto del anterior, han sido más los que han decido unir sus vidas y menos los que se han distanciado. Este cambio de tendencia debe tener su origen en la aparente recuperación económica y no en la rehabilitación de una institución desacreditada, ni en la recuperación de los valores tradicionales, porque no parece sostenerse en lo que va de ejercicio.
España sigue siendo uno de los países del mundo con mayor tasa de rupturas, en el quinto puesto, pero a diez puntos del liderato que ostenta Bélgica (71%) y en las antípodas de países con arraigo católico, como Chile (3%). Aunque los datos de las fuentes difieren y, en la serie histórica de la última década, el tercer trimestre se reduce siempre el número de solicitudes, los resultados de la sección estadística del Consejo General del Poder Judicial confirmaron este jueves que en el primer semestre de este año se plantearon ya el 70% de las nulidades, divorcios y separaciones que tuvieron lugar durante todo el 2014.
En esta amalgama de cifras corremos el riesgo de perder de vista la degradación anímica y la tensión que genera en una amplia parte de la sociedad el trauma del fracaso matrimonial y las consecuencias derivadas para las víctimas colaterales en la quiebra de la convivencia. A pesar de las campañas de sensibilización para la igualdad de género y contra la violencia machista, el marco legal que regula el fin de la relación sigue sin mejorar las ratios entre las rupturas que se resuelven de forma contenciosa y las que se asumen de mutuo acuerdo. Sin duda que el pago de la pensión compensatoria o las anualidades por alimentos son escollos difíciles de superar, pero ninguno como el de la guarda y custodia de los hijos. Aunque hay determinadas comunidades, como Aragón y Valencia, que incluso han establecido a través de su legislación autonómica la atribución de la guarda y custodia compartida con carácter preferente o que en julio de 2013 se aprobó el «Anteproyecto de Ley sobre el ejercicio de la corresponsabilidad parental», quitando el carácter excepcional de la medida cuando sea solicitada por uno solo de los progenitores, a día de hoy la custodia única para la madre cuadruplica la que los jueces han consentido que se comparta y multiplica por veinte la que han sentenciado en favor del padre exclusivamente. En consecuencia, por cada mujer que paga a su ex-marido pensión compensatoria, 11’4 varones lo deben hacer a sus ex-esposas, cuando el 63% de las demandas de disolución parten de la mujer.
Es cierto que la fría estadística puede dejar fuera del análisis algunas circunstancias socioculturales que deben valorarse también antes de emitir una opinión fundamentada, pero la atonía en los gráficos del INE debería obligarnos a reflexionar si se puede hacer algo más para ayudar a preservar la relación de pareja y minimizar los daños de su punto y final. Sin desmerecer la labor de los colectivos feministas y de cuantos han contribuido al acercamiento entre los iguales, aunque de distinto sexo, la llegada del regeneracionismo a la vida pública debería iniciar un proceso para ‘repensar’ por qué el modelo actual no es plenamente satisfactorio para los cien mil españoles que pasan anualmente por ese trance.
Los conservadores, proclives al machismo en la intimidad pero acomplejados por sus antecedentes, han desperdiciado su oportunidad esta legislatura y, probablemente, serán fuerzas progresistas las que deberán hacer realidad que la igualdad nunca será cierta mientras la discriminación solo cambie de signo.
