Según ha podido saber mallorcadiario.com, la portavoz del grupo municipal socialista, Rosario Sánchez, no ha presentado la declaración de actividad patrimonial y de actividades en el momento del cese de su cargo de consellera de Hacienda y Relaciones Exteriores del Govern de les Illes Balears durante la legislatura 2019-2023. Dicha declaración es fundamental para que la Oficina Anticorrupción pueda comprobar que no ha habido un incremento patrimonial injustificado durante el ejercicio del cargo.
Tampoco la regidora socialista, Angélica Pastor, ha presentado la declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2022.
La exregidora de Turismo durante la pasada legislatura, Elena Navarro, aún no ha presentado la declaración de cese de su cargo.
Otro concejal socialista que incumple la normativa sobre transparencia es Francisco Dalmau, quien tampoco ha presentado la declaración del IRPF de 2022, como algunos de sus compañeros.
Daniel Oliveira no ha presentado la declaración patrimonial y de bienes en el momento de su toma de posesión, hecho que se produjo el pasado 13 de septiembre y cuya presentación es obligatoria para tomar posesión del cargo.
Aunque ya no ocupa cargo alguno en el Ajuntament de Palma, tras su designación el 23 de julio por el Parlament de les Illes Balears como senador autonómico, el exalcalde José Hila tampoco se salva de los incumplimientos. En el registro de la Oficina Anticorrupción no figura su declaración del IRPF de 2022, ni tampoco ha presentado la preceptiva declaración de bienes al tomar posesión como senador autonómico.
Otras dos regidoras de Més per Palma tampoco cumplen con lo estipulado por la Oficina Anticorrupción. Se trata de Neus Truyol y Kika Coll, quienes no han presentado la declaración de cese de legislatura y tampoco la declaración del IRPF correspondiente a 2022.
Por último, la única regidora de Podemos en Cort, Lucía Muñoz, tampoco ha cumplido con su deber de presentar ante la Oficina Anticorrupción la declaración del IRPF del ejercicio 2022.
NORMATIVA
La Ley 16/2016, de creacción de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Islas Baleares, en su artículo 25º establece que los cargos públicos "quedan obligados a presentar en el Registro de declaraciones y actividades una declaración patrimonial, comprensiva de la totalidad de sus bienes, derechos y obligaciones patrimoniales, intereses y actividades, seis meses anteriores a su nombramiento".
Además, se establece que "los cargos públicos aportarán, junto con las declaraciones iniciales y las de cese, anualmente, una copia de la última declaración tributaria correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas y al impuesto sobre el patrimonio que hayan tenido la olbigación de presentar a la Administración tributaria.
La Ley también determina que "La declaración anual correspondiente al impuesto sobre la renta de las personas físicas y, en su caso, al impuesto sobre el patrimonio (...) se presentarán en el plazo improrrogable de un mes desde la conclusión de los plazos legalmente establecidos para la correspondiente presentación".
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