Quien ostenta la máxima representación del Gobierno de España en una comunidad autónoma no puede permitirse el lujo de hablar con dos voces. Sin embargo, eso es precisamente lo que ha sucedido con el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, tras los incidentes registrados al término de la manifestación antiturismo del pasado domingo en Palma.
Las impactantes imágenes de las cargas policiales han generado un intenso debate público -de derecha a izquierda- y resulta perfectamente legítimo que cualquier actuación de las fuerzas de seguridad sea analizada cuando existen dudas sobre su proporcionalidad. En un Estado de derecho, la transparencia nunca sobra y las explicaciones siempre son bienvenidas. Pero una cosa es abrir una investigación interna para esclarecer unos hechos y otra muy distinta es condenar públicamente la actuación policial antes de conocer todas las circunstancias que la rodearon.
Desde un primer momento, Rodríguez Badal calificó de "acciones intolerables" algunas de las intervenciones policiales y anunció que pediría explicaciones a la Policía Nacional. Lo hizo apresuradamente en redes sociales y horas después en rueda de prensa. El problema no reside en solicitar un informe, sino en hacerlo desde una posición que parece desautorizar de antemano a los agentes que actuaban precisamente bajo su responsabilidad institucional. Porque conviene recordar que la Policía Nacional depende orgánicamente del Ministerio del Interior y, territorialmente, del delegado del Gobierno. Es decir, quien hoy exige responsabilidades es el mismo que tiene el deber de respaldar la actuación de los cuerpos de seguridad mientras no exista evidencia de que se actuó al margen de la ley o de los protocolos establecidos.
Convertirse simultáneamente en jefe político de la Policía y en su primer censor no fortalece las instituciones; las debilita. La autoridad también se ejerce desde la coherencia
La contradicción se hace aún más evidente cuando se conocen las explicaciones ofrecidas por la propia Jefatura Superior de Policía. Según la versión policial, la intervención se produjo cuando un grupo de manifestantes trató de sobrepasar el cordón policial, lanzando objetos contra los agentes, que respondieron conforme a los protocolos habituales para restablecer el orden y garantizar la seguridad. Esa versión deberá ser contrastada, como también las denuncias de quienes consideran excesiva la respuesta policial. Pero ese contraste exige serenidad, no sentencias anticipadas.
El delegado del Gobierno tiene una doble condición. Por un lado, es un cargo político nombrado por un Ejecutivo y, por otro, una autoridad institucional obligada a garantizar la neutralidad del Estado. Cuando ambas facetas entran en conflicto, debería prevalecer la segunda. No puede comportarse como un dirigente de partido que reacciona al calor de la polémica si ello compromete la confianza en las instituciones que representa.
La ciudadanía espera que los responsables públicos actúen con rigor, especialmente cuando están en juego derechos fundamentales como la libertad de manifestación y el mantenimiento del orden público. Precisamente por ello, el delegado debería haber sido el primero en reclamar prudencia, esperar el resultado de los informes y, sólo entonces, extraer conclusiones. Convertirse simultáneamente en jefe político de la Policía y en su primer censor no fortalece las instituciones; las debilita. La autoridad también se ejerce desde la coherencia.
