Antes incluso de que la manifestación de este domingo recorriera las calles de Palma, la plataforma Menys Turisme, Més Vida ya había logrado una notable atención mediática, además de conseguir situar el debate en los términos que ella misma había decidido.
Miles de personas han secundado una protesta que expresa un malestar real y creciente. La dificultad para acceder a una vivienda, el aumento del coste de la vida, la congestión de infraestructuras o la sensación de pérdida de calidad de vida forman parte de las preocupaciones cotidianas de muchos ciudadanos.
Otra cuestión muy distinta es aceptar que el turismo sea el origen exclusivo de todos esos problemas o que su drástico decrecimiento constituya la única solución posible, como plantean los convocantes de la protesta.
Menys Turisme, Més Vida han construido un relato que canaliza frustraciones muy diversas hacia el turismo como un único culpable. Sin embargo, la crisis de la vivienda responde a años de insuficiente oferta residencial, al fuerte crecimiento demográfico, a la lentitud administrativa y a un alquiler turístico ilegal que se ha disparado durante la última década. Reducir un problema tan complejo a un solo factor no ayuda a resolverlo; únicamente alimenta la confrontación.
Más inquietante resulta aún la estrategia de comunicación desplegada por la plataforma. La difusión de un auténtico manual de "acción contra la turistificación", con instrucciones para causar daños en inmobiliarias y negocios turísticos, ocultar la identidad, estudiar rutas de escape o evitar cámaras de vigilancia, supone cruzar una línea que nunca debería normalizarse en una democracia.
Celebrada ya la tercera manifestación antiturística en los últimos dos años, tan equivocado sería ignorar el malestar de una parte de la sociedad como demonizar la principal actividad económica que sostiene a Baleares
No basta con calificar esas actuaciones de "acciones directas". Cuando se anima a cometer daños y se ofrecen pautas para eludir la acción policial, se está legitimando una deriva profundamente preocupante. El extraordinario eco mediático alcanzado por ese documento demuestra, además, hasta qué punto la provocación se ha convertido en parte de la estrategia.
Toda esta amalgama de reivindicaciones y situaciones previas, no eximen, sin embargo, a las administraciones de su responsabilidad. El Govern ha comenzado a adoptar medidas para contener la saturación turística y ordenar el crecimiento, pero debe intensificar su actuación allí donde existe un mayor margen de mejora: la lucha contra las actividades ilegales, especialmente contra el alquiler turístico clandestino, que distorsiona el mercado residencial, perjudica a quienes cumplen la ley y agrava la presión sobre barrios y municipios.
Llama igualmente la atención la evidente utilización política de esta movilización. A menos de un año de las elecciones autonómicas, la izquierda ha decidido abrazar la protesta como plataforma electoral. Y es que junto a las consignas propias de la movilización, se pudieron ver numerosas banderas esteladas o de Palestina entre los manifestantes, como si toda demanda o protesta pueda ser acogida por quienes protestan contra el turismo. .
En el ámbito de los partidos, resulta especialmente llamativo el papel de la secretaria de Estado de Turismo y candidata del PSIB, Rosario Sánchez, que respalda el malestar ciudadano mientras forma parte de un Gobierno que, desde Madrid, celebra el continuo crecimiento de las llegadas de turistas y del gasto turístico.
Tampoco puede pasar inadvertida la radicalización de Més per Mallorca, que ha mostrado simpatía hacia quienes defienden las llamadas "acciones directas". El partido de Lluis Apesteguía parece olvidar que si bien la protesta pacífica constituye un derecho fundamental; la intimidación, el vandalismo o la justificación de quienes los promueven no lo son.
Mallorca necesita un debate sereno sobre su modelo turístico pero sin pasar por el destrozo de escaparates de inmobiliarias, pintadas en establecimientos privados o protegidos y silicona en cerraduras de locales turísticos.
En todo caso, celebrada ya la tercera manifestación antiturística en los últimos dos años, tan equivocado sería ignorar el malestar de una parte de la sociedad como demonizar la principal actividad económica que sostiene a Baleares.
El turismo no es el enemigo. Es el sector que genera la mayor parte de la riqueza, del empleo y de los recursos públicos que financian la sanidad, la educación o los servicios sociales de las islas. El verdadero desafío consiste en hacerlo compatible con una mejor calidad de vida para los residentes, corrigiendo sus excesos, combatiendo la ilegalidad y planificando un crecimiento sostenible.
Mallorca necesita más gestión y menos eslóganes; más soluciones y menos confrontación. Porque debilitar el turismo no hará desaparecer los problemas estructurales de Baleares, pero sí pondría en riesgo el bienestar y la prosperidad de toda una comunidad que, desde hace décadas, ha construido buena parte de su futuro gracias a este sector.
