El alojamiento de 42 guardias civiles en apartamentos cedidos temporalmente por el Consell de Mallorca es una medida que merece una valoración positiva. La iniciativa responde a un problema conocido desde hace años: la extrema dificultad que encuentran los agentes desplazados para encontrar una vivienda asequible durante la temporada alta, precisamente cuando la isla necesita reforzar sus efectivos de seguridad.
Mallorca vive una paradoja difícil de justificar. Reclama más presencia policial para hacer frente al incremento de población estacional, al aumento de la actividad turística y a la presión que soportan los servicios públicos, pero al mismo tiempo expulsa del mercado residencial a quienes deben prestar esos servicios. No solo afecta a guardias civiles. También lo sufren policías nacionales, sanitarios, docentes y otros profesionales esenciales destinados temporalmente en las Islas.
Es cierto que la responsabilidad última de dotar de medios suficientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado corresponde al Gobierno central. También lo es que el problema de la vivienda exige soluciones estructurales, no únicamente respuestas de emergencia. Sin embargo, cuando una administración detecta una necesidad inmediata y dispone de recursos para aliviarla sin comprometer otros proyectos públicos, actuar resulta preferible a permanecer inmóvil. En este caso, además, el Consell ha garantizado que la cesión de los apartamentos no altera el calendario del futuro proyecto social "Ca Meva", destinado a personas con discapacidad en riesgo de exclusión.
La seguridad no puede convertirse en una víctima más de la crisis de la vivienda. Si un destino turístico de primer nivel es incapaz de alojar a los profesionales que garantizan el orden público, la atención sanitaria o la educación, el problema trasciende el mercado inmobiliario para convertirse en una cuestión de interés general.
La cesión de estos apartamentos no resolverá el déficit habitacional de Mallorca, pero sí lanza un mensaje claro: las administraciones pueden colaborar para ofrecer soluciones concretas mientras llegan las reformas de fondo. Ojalá este ejemplo sirva para abrir un debate más amplio sobre cómo garantizar vivienda digna a quienes sostienen cada día los servicios públicos esenciales de nuestra comunidad.
