En un Estado de Derecho como lo es el nuestro, las sentencias que dictan los jueces se recurren o se acatan. En todo caso, los tribunales están obligados a hacer cumplir las sentencias. Los 44 estudiantes que el 22 de mayo de 2012 asaltaron con violencia la Conselleria de Educació, Cultura i Universitats y allanaron el despacho del conseller Rafael Bosch, fueron condenados en una primera instancia por el juzgado de lo penal nº 1 de Palma, sentencia que fue confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial de Palma, a pagar 720 euros de multa por desórdenes públicos. Además, 5 de ellos fueron hallados culpables de una falta de lesiones y condenados a pagar 90 euros de multa. En total, casi 32.000 euros.
Sin embargo, los condenados por sentencia firme, a través de un comunicado inaudito que los coloca al borde del quebrantamiento de condena, otro delito tipificado en el Código Penal, han anunciado que no tienen intención de pagar ninguna multa y que no obedecerán “leyes, ni sentencias o gobiernos injustos”. Así pues, nos hallamos ante una cuadrilla de vándalos que no reconocen más ley ni más jueces que su propia voluntad. Ellos se erigen en toda autoridad legítima para interpretar lo que es justo o no, lo que es legal o no. Harían bien en reflexionar sobre su comportamiento, que les coloca al borde de la ilegalidad otra vez.
El Estado de Derecho pone a su alcance numerosas formas legales y legítimas de protesta. Incluso pueden ejercer su derecho al voto e intentar cambiar a los gobernantes si no son de su agrado. Pero las sentencias de los tribunales deben cumplirse. De lo contrario estaríamos bajo la ley de la selva y cada cual puede hacer lo que le venga en gana no ya sobre sí mismo, sino sobre los demás y la propia sociedad. Alguien tendría que hacer recapacitar a estos jóvenes que creen poder hacer de su capa, un sayo.
