No soy economista, ni experto en sistemas tributarios, soy sindicalista de la USO y, como tal, interpreto los datos sin dejar de asombrarme, porque soy un convencido de que sin Justicia Fiscal, entre otras justicias, no saldremos de esta crisis.
El sistema tributario debe ser equitativo y justo, el esfuerzo debe recaer sobre todos los ciudadanos sin desigualdades por el territorio donde residan. La única variable a tener en cuenta para el sostenimiento de los gastos públicos debería ser la capacidad económica del contribuyente, de modo que quien más capacidad tenga contribuya más (progresividad).
No comparto que nuestro sistema tributario tenga incontables beneficios fiscales, facilitando que recaude por debajo de la media europea tanto en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (9,3% del PIB frente al 11,7% de la UE), como en el Impuesto sobre Sociedades (1,9% del PIB frente al 2,5% de la UE). La única explicación es que las bases tributarias escapan a tributación y los beneficios fiscales reducen la tributación efectiva. Por ello, el sistema tributario español no es eficaz.
Nuestros impuestos contienen innumerables normas que atacan de frente la equidad en el reparto de las cargas tributarias. ¿Por qué existen los beneficios fiscales a los planes de pensiones si es una medida totalmente regresiva porque a igualdad de aportaciones supone mayor beneficio cuanto mayor sea la renta? ¿Qué argumento tributario existe para defender la aplicación de esquemas como el “tax lease” que permiten a multinacionales pagar menos impuestos en España por el mero hecho de invertir, por ejemplo, en la construcción de buques? Nuestro sistema fiscal esconde muchas trampas que desvirtúan cualquier criterio coherente de reparto equitativo de las cargas tributarias.
En el IRPF deberían eliminarse la mayoría de beneficios fiscales existentes, que desvirtúan que pague más el que más tiene, al igual que en el impuesto de sociedades que, al final, con tantas deducciones y bonificaciones se adultera. Que el IVA grave el 33% los artículos de lujo, que se cree un impuesto sobre la riqueza que sirva de control anti-fraude, y por último, hagan caso de una vez por todas a los Inspectores de Hacienda y se aumenten los medios materiales y humanos en la Lucha contra el fraude.