Los acusados están procesados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en relación con la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz, tras una investigación abierta en junio de 2024 a raíz de una denuncia presentada por la asociación ultraconservadora Manos Limpias.
En cuanto a la prevaricación, la Audiencia destaca la "falta de una explicación mínimamente verosímil" sobre cómo David Sánchez tuvo conocimiento de las bases del puesto al que accedió, la rapidez de los trámites y el carácter jerárquico del proceso, elementos que apuntan a que todos los intervinientes eran conscientes de su parentesco con el presidente del Gobierno.
Respecto al tráfico de influencias, el tribunal aprecia indicios de que Sánchez ejerció suficiente influencia para que el puesto se adaptara a sus preferencias personales y para que Carrero —otro de los implicados— fuera integrado en la estructura de la Diputación mediante una "excepcional comisión de servicios".
La jueza de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, ya había acordado en un auto de 28 de abril transformar la investigación en procedimiento abreviado, lo que implica agilizar los trámites y preparar el juicio. Contra esa decisión recurrieron tanto la Fiscalía como las defensas, pero la Sección Primera de la Audiencia de Badajoz, integrada por cuatro magistrados y presidida por José Antonio Patrocinio, ha confirmado ahora el procesamiento.
De este modo, el procedimiento queda visto para la celebración del juicio oral en la Audiencia Provincial de Badajoz.
