La jornada celebrada este viernes en el marco de los Encuentros Informativos de mallorcadiario.com ha puesto sobre la mesa una verdad incuestionable: la crisis de acceso a la vivienda en Baleares ha alcanzado niveles insoportables. Y, como bien subrayaron los expertos invitados, no se resolverá con parches ni con discursos bienintencionados. Es el momento de actuar en todos los frentes.
La realidad es tozuda. Faltan viviendas, los precios se han disparado y miles de familias viven en una incertidumbre permanente. La solución pasa, necesariamente, por poner suelo a disposición de los promotores, agilizar trámites para la concesión de licencias y reducir la asfixiante burocracia que frena la construcción. No es admisible que un proyecto tarde años en tramitarse por trabas administrativas o inseguridad jurídica.
Resulta escandaloso que el 30 % del coste de una vivienda se lo lleve el Estado en forma de impuestos
Pero también hay que escuchar las demandas de quienes piden más inversión pública. España está muy por debajo de la media de la OCDE en gasto en vivienda social. Alcanzar esa media no es una opción: es una obligación moral si de verdad se considera la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar, como sostiene el Gobierno de España.
Además, es hora de revisar la fiscalidad. Resulta escandaloso que el 30 % del coste de una vivienda se lo lleve el Estado en forma de impuestos. No se puede reivindicar la vivienda como un derecho básico mientras se sigue utilizando como fuente de recaudación. El Estado no puede seguir haciendo caja a costa del esfuerzo de las familias para adquirir algo que, además es un derecho constitucional: una vivienda digna.
Los expertos han sido claros y sus propuestas, razonables. Ahora toca pasar de las palabras a los hechos. Si hay voluntad política, hay margen para actuar. El problema es estructural, pero tiene solución si se adoptan las medidas necesarias para satisfacer la demanda ante el aumento de población, algo que no se ha hecho en los últimos años.
Nuestra sociedad no se puede resignar, porque cada día que pasa sin medidas efectivas, es un día más de angustia para miles de ciudadanos. La vivienda debe dejar de ser un privilegio para volver a ser un derecho. Y los gobernantes deben escuchar a los expertos en la materia y dejarse de propaganda, medidas ideológicas y experimentos que pueden empeorar la situación.
