La escalada bélica entre Irán, Israel y Estados Unidos alcanza un nivel crítico

La escalada entre Irán, Israel y Estados Unidos ha entrado en una fase de alto riesgo. El ultimátum lanzado por Donald Trump en la madrugada del sábado otorgando a la república islámica 48 horas para reabrir el tránsito por el Estrecho de Ormuz bajo amenaza de destruir centrales eléctricas iraníes, supone un salto cualitativo.

Teherán ha respondido con la misma lógica de confrontación, advirtiendo de ataques contra infraestructuras energéticas en toda la región. Es decir, el peor escenario posible: una guerra que no solo se libra en el terreno militar, sino que apunta directamente al corazón del sistema económico global. Porque si algo define esta crisis no es únicamente la tensión bélica, sino el lugar donde se sitúa: el principal cuello de botella energético del planeta, por donde circula una quinta parte del petróleo mundial.

Si se cruzan determinadas líneas —destrucción de refinerías, puertos, plantas eléctricas y desaladoras— el problema dejará de ser inflacionario para convertirse en algo mucho más grave: falta de suministro

Hasta ahora, el impacto se ha medido en precios. Pero si se cruzan determinadas líneas —destrucción de refinerías, puertos, plantas eléctricas y desaladoras— el problema dejará de ser inflacionario para convertirse en algo mucho más grave: falta de suministro. Y ahí no hay política monetaria ni medidas fiscales que valgan. La economía mundial, todavía dependiente de los combustibles fósiles, entraría en una fase de shock con efectos en cadena sobre transporte, industria, alimentación y empleo. Lo preocupante es que las partes parecen instaladas en una lógica de disuasión suicida y potencialmente catastrófica.

Llegados a este punto, solo hay una salida racional: desescalar. La diplomacia es una necesidad urgente. Quienes han empujado la situación hasta aquí —Washington, Jerusalén y  Teherán— deben asumir que cada hora que pasa acerca al mundo a un escenario que nadie podrá controlar. Deben detenerse las hostilidades y debe respetarse el Derecho internacional humanitario, que prohíbe los ataques contra infraestructuras energéticas civiles, protegidas por su carácter esencial para la supervivencia de la población civil.