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La Fiscalía presenta recurso contra la querella de UGT contra Bauzá

jueves 31 de octubre de 2013, 09:00h
bauza-bravo

La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Baleares la admisión a trámite de la querella interpuesta por UGT contra el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, por haber utilizado a nivel personal los servicios de la abogacía de la Comunidad Autónoma para defenderse de los improperios que lanzó contra él el exlíder del sindicato Lorenzo Bravo. Y es que el Ministerio Público sostiene en su escrito que las manifestaciones iban dirigidas Bauzá como presidente y "no como particular".

Así lo pone de manifiesto en su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, el Fiscal Superior de Baleares, Bartomeu Barceló, quien rebate los argumentos de UGT de que Bauzá incurriese en presuntos delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias por haber acudido a los jurídicos del Govern para defender su derecho al honor ante Bravo. De hecho, asevera que las expresiones efectuadas por éste fueron "consecuencia de decisiones que, por razón de su cargo, tomó el señor Bauzá".

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, encargado de las pesquisas, ha rebajado de 4.000 a 1.000 euros la petición de fianza a UGT y Bravo para que puedan ejercer la acusación popular en el marco de este proceso. En su auto, dictado este martes, el magistrado acepta las alegaciones del sindicato en relación a su "precaria situación económica" y sus "importantes deudas" para disminuir la cantidad y que "pueda ejercer una acción judicial que en principio es racional y congruente".

En lo que al recurso de la Fiscalía se refiere, Barceló apunta que "cuando se ofende a un funcionario público, autoridad o agente de ésta no sólo se vulnera su derecho al honor, sino la seguridad de quienes ejercen funciones públicas en su calidad de titulares de la función (...), el principio de autoridad (...) o, finalmente, el normal funcionamiento de la vida político-administrativa del Estado".

En concreto, junto a Bauzá figura como querellado el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antonio Gómez, por haber resuelto que la Abogacía balear se encargara de la defensa del presidente. La querella fue admitida a trámite el pasado viernes mediante una resolución en la que el juez abundaba en numerosa jurisprudencia para afirmar que Bauzá utilizó "indebidamente" los servicios jurídicos de la Comunidad, con los que "quiso ejercer una acción personalísima a favor de su honor".

Al respecto, el juez incide en el hecho de que el honor "es un derecho de carácter personalísimo", mientras que la acción civil que inició Bauzá contra Bravo "no era para restaurar el honor de la Presidencia del Govern", puesto que lo que ésta posee es "prestigio y autoridad moral, pero el honor es cuestión personal de su integrante, que además en este caso no fue vulnerado".

El instructor recogía en su auto los argumentos esgrimidos por los querellantes, asistidos por el letrado Pablo Alonso de Caso, en el sentido de que "el honor que alega el señor Bauzá tiene carácter personalísimo y está desligado de la acción de gobierno", razón por la cual "no puede utilizar los servicios públicos para defender su honor, debiendo acudir a la contratación privada" para sufragar de sus ingresos los gastos de procurador y defensa así como de tasas judiciales.

EL FISCAL DEFIENDE QUE BAUZÁ NO INCURRIÓ EN DELITO ALGUNO


Sin embargo, el Fiscal Superior recalca en su impugnación que no se produjo malversación por cuanto "el asesoramiento del presidente y del Gobierno" corresponde con carácter general a los abogados de la Administración, mientras que para que se dé el supuesto de la prevaricación debe existir una resolución "arbitraria e injusta, y los acuerdos del Consell de Govern, al estar legalmente amparados, carecen de tal arbitrariedad e injusticia".

Finalmente, Barceló afirma que "no consta, ni siquiera indiciariamente, que el señor Bauzá incluyera o presionara" para que el vicepresidente llevase este asunto al Consell de Govern, por lo que, a su juicio, no cabe hablar de la comisión de un delito de tráfico de influencias.

Cabe recordar que la Audiencia Provincial de Baleares falló el pasado mes de junio a favor de Bravo frente a la demanda que Bauzá por unos insultos que profirió el líder de UGT como consecuencia de los acuerdos adoptados en septiembre de 2011 en referencia a la reducción de liberados sindicales y al recorte de subvenciones a los sindicatos. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo por Bauzá.

LA JURISPRUDENCIA PRIMA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN AL DERECHO AL HONOR


Y es que la Audiencia destacaba, al hilo de la sentencia dictada en primera instancia, cómo la jurisprudencia da una mayor tutela a la libertad de expresión que al derecho al honor en el marco de una contienda política, como sucedió en este caso, amparándose para ello en numerosas sentencias del Tribunal Supremo que, en este sentido, apelan a la necesidad de valorar el contexto en que se producen los improperios, "estando los políticos sometidos a la crítica social en mayor grado que cualquier particular".

Así, en el caso de Lorenzo Bravo, recalca la Audiencia que sus manifestaciones -como "fascista", "el engominado este" o "lo que propone el Govern es tan dictatorial como si, por  la cara, yo decidiera sin consenso que en el Parlament sobran 30 escaños o en el Congreso 300"- se produjeron como reacción a unas decisiones del Govern presidido por Bauzá que "evidentemente resultaban cuando menos molestas para quien representaba al sindicato que veía mermada una fuente de sus ingresos y que algunos de sus delegados que antes no lo hacían, tenían que volver a sus puestos de trabajo".
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    Últimos comentarios de los lectores (1)

    15287 | Pepxim - 31/10/2013 @ 08:35:51 (GMT+1)
    Osea que un fulano, el tal Bravo, que lleva toda la vida de liberado sindical, que no es muy listo y que posiblemente vendería su alma al diablo para no tener que volver al tajo, se permite insultar al Presidente de la Comunidad. Y lo hace precisamente porque es el Presidente. Este se defiende utilizando a los abogados de la Comunidad, y va un juez, que casualmente es el hermano de Gina Garcías, y admite la demanda... contra el Presidente! Ole el estado de derecho, ole la independencia judicial y ole el sentido común!

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