La sentencia absolutoria a dos representantes del sindicato USTE en el comité de empresa de Emaya, supone el punto final a un proceso judicial perverso que fue utilizado con fines espurios durante una etapa oscura de la gestión interna de Emaya. Las consecuencias de dicha gestión corren a cargo del bolsillo de los vecinos de Palma en forma de cuantiosas indemnizaciones por actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.
El tiempo ha puesto las cosas en su sitio, evidenciando una forma de proceder arbitraria, irrespetuosa con los derechos de los trabajadores y muy perjudicial para el interés general.
Durante demasiado tiempo el equipo directivo de Emaya durante la pasada legislatura se dedicó a atacar a los representantes de un sindicato, USTE, que no aceptaron ser sus comparsas y optaron por oponerse a actuaciones que únicamente beneficiaba a la dirección de la empresa municipal.
Otros líderes sindicales, más sumisos y complacientes, apoyaron al equipo directivo y fueron recompensados. Pero quienes se negaron a colaborar, fueron represaliados con denuncias infundadas y despidos ilegales que los juzgados anularon. Sin embargo, los responsables de la empresa se negaron a acatar las sentencias que les obligaban a readmitir a los sindicalistas despedidos, recurriendo ante instancias superiores para empantanar jurídicamente los procedimientos y sacándose de la manga nuevos despidos.
La constatación de que se recurrió a prácticas ilegales —como el espionaje de grupos de WhatsApp del sindicato— por parte de la Inspección de Trabajo, y el posterior despido de la directora de Servicios Corporativos, responsable del departamento jurídico y de recursos humanos de Emaya, abrió los ojos al actual equipo de gobierno de Cort.
La persecución selectiva contra USTE ha tenido consecuencias económicas, sociales y laborales que se han traducido en indemnizaciones cuantiosas y en un descrédito que trasciende el ámbito interno de la compañía. Más que una empresa municipal Emaya ha llegado a parecer un despacho de abogados laboralistas dedicado a pleitear compulsivamente, a costa de los ciudadanos de Palma.
Más que una empresa municipal Emaya ha llegado a parecer un despacho de abogados laboralistas dedicado a pleitear compulsivamente, a costa de los ciudadanos de Palma
Es relevante señalar que solo cuando estos comportamientos irregulares salieron a la luz, la gerencia actual modificó el rumbo e inició una etapa diferente basada en la negociación de acuerdos extrajudiciales para contener la sangría económica causada por las indemnizaciones a las que la empresa ha sido condenada, pues apenas ninguna actuación de la anterior dirección de Emaya ha sido declarada legal por los juzgados. Sin embargo, esta corrección tardía no exime de responsabilidad a quienes diseñaron y ejecutaron una campaña inadmisible.
La justicia ha hecho su parte. La responsabilidad política y administrativa, aún pendiente de asumir plenamente, debe completarse con un compromiso inequívoco por parte de Emaya y del Ayuntamiento de Palma para evitar, como sucedió durante la legislatura anterior, atropellar los derechos de los trabajadores y de las organizaciones que les representan legalmente. Eso es lo que sucedió con el anterior gobierno de izquierdas, lo que resulta aún peor.
