La luz verde del Parlament a tramitar la proposición de ley para crear una nueva universidad privada en Mallorca, abre un debate que conviene abordar con serenidad y espíritu constructivo.
La educación superior es un pilar estratégico para el futuro de las islas, y disponer de una oferta plural —pública y privada— no debiera ser motivo de controversia, sino una oportunidad para elevar el nivel académico y la capacidad de atraer talento.
Sin embargo, hay quien prefiere denostar toda oferta privada alegando falsamente que va en detrimento de la pública. Al respecto cabe señalar que la Universitat de les Illes Balears (UIB) recibe hoy más asignación presupuestaria del Govern que nunca, y su posición como institución pública de referencia no se ve cuestionada. Al contrario, la presencia de centros privados puede liberar presión sobre sus infraestructuras, evitar la fuga de estudiantes a otras comunidades y contribuir a un ecosistema formativo e investigador más competitivo y dinámico.
La experiencia de otras comunidades autónomas demuestra que la coexistencia de universidades públicas y privadas no sólo no degrada a las primeras, sino que impulsa mejoras en calidad docente, innovación y adaptación a nuevas demandas laborales. Las instituciones privadas suelen tener mayor flexibilidad para diseñar titulaciones especializadas y ajustarse con rapidez a sectores emergentes, mientras que la pública mantiene su vocación de servicio generalista y de investigación. Ambos modelos, lejos de excluirse, se complementan.
Las universidades no deben ser utilizadas como armas ideológicas ni espacios de identidad partidista; son infraestructuras educativas y sociales orientadas a la formación, el conocimiento, la investigación y el progreso económico
Conviene también rebajar el nivel de ruido político. Las universidades no deben ser utilizadas como armas ideológicas ni espacios de identidad partidista; son infraestructuras educativas y sociales orientadas a la formación, el conocimiento, la investigación y el progreso económico.
Convertir la discusión en un pulso entre “defensores” y “detractores” de lo público o lo privado sólo enturbia el debate y distrae del objetivo esencial: facilitar que los jóvenes de Mallorca tengan más opciones para formarse en las mejores condiciones posibles.
La creación de una universidad privada no resta a la pública, no desvía fondos públicos, y no erosiona la igualdad de oportunidades si se garantiza un sistema de becas adecuado y un marco regulatorio serio. Se trata de sumar, de ampliar horizontes y de preparar a las islas para un futuro plenamente competitivo en conocimiento y talento. Mallorca está mejor con más opciones educativas, no con menos.
