El sindicato Manos Limpias ha pedido la reimputación de la infanta Cristina al juez Castro, pero todo indica que tal iniciativa acabará en nada. El caso de Cristina de Borbón está en punto muerto por mucho que al instructor, que ya imputó una vez a la hija del Rey, crea que lo más justo sea citarla a declarar. La firme oposición de los fiscales Anticorrupción y de la Audiencia mete el asunto en un callejón sin salida. No sería de extrañar que Castro desista pronto en lo que concierne a Cristina, lo cual abre la posibilidad de que si marido, Iñaki Urdangarin, salga finalmente mucho mejor parado que el resto de imputados en otras causas ligadas a los escándalos políticos.
Ha quedado demostrado que un instructor no tiene tanto poder como comunmente se le supone. A la postre, está sujeto a lo que decidan tanto la Fiscalía como las instancias superiores.
Cuando este caso se vaya marchitando, resultará imposible borrar la imagen ante la ciudadanía de que no hay una misma vara de medir cuando se trata de un familiar directo del jefe del Estado. La opinión pública ha podido conocer un alud de pruebas que merecerían, como mínimo, que Cristina fuese citada a declarar. No será así. Esta decisión de Estado puede ser muy útil para la estabilidad del entorno de la Corona, pero sin duda también pone en tela de juicio el principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Además, el asunto se ha demorado durante demasiado tiempo. Llevamos años de auténtico culebrón con este asunto, incluyendo la mediática presencia de Urdangarin ante el juez, con un despliegue de periodistas, cámaras y público como no se había visto nunca en los aledaños de un juzgado de Mallorca.
Al final, la cuestión de Cristina va camino del archivo. Nunca tan poco fuego había producido tanto humo.
