Lamentablemente, con la reciente reforma del Consejo General de Poder Judicial pactada entre los principales partidos políticos, el PP y el PSOE, España ha vuelto a perder la oportunidad de, al menos, aparentar que el desempeño de los jueces sea independiente.
Antes de las elecciones generales, el Partido Popular hizo bandera de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) afirmando que serían los propios jueces quienes escogerían a sus gobernantes y no los partidos políticos.
Lamentablemente, el Gobierno ha optado por mantener el sistema de reparto entre los diferentes partidos políticos, que no sería de recibo en ninguno de nuestros vecinos europeos. Es decir, ¿imaginan Uds. a Angela Merkel pactando el gobierno de los jueces con el líder de la oposición? Yo, sinceramente, no logro hacerlo.
Y es que el problema es complejo, teniendo en cuenta que son los propios partidos políticos los que eligen la cúpula judicial que será la que deba juzgar a sus miembros imputados por corrupción.
Y, sin poner en duda la independencia de cada uno de los futuros miembros del CGPJ, creo que existe un problema de imagen considerable.
Es decir, resulta complicado que un miembro del CGPJ que haya sido diputado de un partido político decida sobre un asunto que afecte a su antigua formación sin que sobre su figura se cierna la duda de una posible vinculación afectiva con ese partido. Y, ojo, no digo que no puedan decidir con independencia aunque cuenten con un pasado político, pero creo que la imagen que se proyecta no es positiva para la democracia.
En mi opinión, creo que una auténtica división de poderes precisa de una clara diferenciación entre ellos, de modo que exista un poder (el judicial) que se contraponga y vigile que los restantes no cometan excesos.
Aunque date del año 1748 yo le recomendaría a nuestros representantes políticos que lean “el espíritu de las leyes” de Charles Louis de Secondat, más conocido como el Barón de Montesquieu.
En esa obra se define con claridad la manera en la que el poder del estado debe repartirse en diferentes manos, de modo que se cree un sistema de contrapesos que evite que un poder se imponga sobre el otro.
Lo que no tiene ningún sentido, a mí juicio, es que el poder ejecutivo aglutine, de forma directa o indirecta, los tres poderes. Ellos ejecutan, legislan y eligen a quienes gobiernan al poder judicial.
Luego, a tenor de lo visto, ¿se extrañan realmente los políticos de que a los ciudadanos desconfíen cuando un político es absuelto de un caso de corrupción? Pues, ciertamente, no hacen mucho para evitarlo.
