Finalmente, el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, será juzgado por un presunto delito de odio tras el polémico incidente en el que rompió la fotografía de Aurora Picornell en el Parlament balear.
La decisión de la Audiencia de Palma al desestimar los recursos de Le Senne y de la Fiscalía, tiene un fuerte componente simbólico y jurídico: simbólico, por la carga histórica y emocional de los hechos, por los que su propio protagonista pidió perdón rápidamente y admitió que debió haber actuado de otro modo para mantener el orden en aquel pleno; y jurídico, porque nos recuerda que la presunción de inocencia sigue siendo un principio irrenunciable del Estado de derecho.
Hasta que no exista una sentencia firme, Le Senne —como cualquier otro ciudadano— tiene derecho a ser considerado inocente.
Hasta que no exista una sentencia firme, Le Senne —como cualquier otro ciudadano— tiene derecho a ser considerado inocente
La apertura de juicio oral, en este caso, se produce por iniciativa de las acusaciones populares, ya que la Fiscalía no ve indicios de delito y ha optado por no acusar. Esta circunstancia obliga a la prudencia, pues no es un hecho baladí el claro posicionamiento exculpatorio del Ministerio Público. Además, el hecho de que se abra juicio no equivale a una condena, ni mucho menos.
El caso de Le Senne pone de relieve otra realidad política relevante: en Baleares, los diputados autonómicos no están aforados. Esto significa que cualquier parlamentario puede ser juzgado por la justicia ordinaria como cualquier ciudadano, sin necesidad de que su caso sea asumido por un tribunal superior.
Una diferencia sustancial respecto a otras comunidades como Extremadura, donde el reciente movimiento del líder socialista Miguel Ángel Gallardo, tras su procesamiento junto al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para entrar en la asamblea extremeña y dotarse de aforamiento, ha sido interpretado claramente como un caso lamentable de privilegio procesal sobrevenido.
En Baleares, Le Senne será juzgado como si no fuera diputado, por el tribunal que juzgaría a cualquier otro ciudadano. La comparación es inevitable y subraya una paradoja: mientras unos buscan protección en el aforamiento, otros se enfrentan a los tribunales en pie de igualdad y sin privilegios.
Sea cual sea el desenlace del juicio a Le Senne, conviene recordar que el respeto al marco legal y a la independencia judicial debe estar por encima de simpatías políticas. Porque si la justicia se instrumentaliza, algo que sucede con demasiada frecuencia últimamente, la democracia se resiente y toda la sociedad sale perdiendo.
