Es inaudito que la ministra de Juventud e Infancia del Gobierno de España, Sira Rego, acuse de racismo a todo un Ejecutivo autonómico, por su negativa a acoger menores migrantes procedentes de otras comunidades autónomas.
Un Govern que ha expuesto con datos contrastados la saturación del sistema de acogida y las limitaciones materiales para asumir nuevas responsabilidades no puede ser acusado de racista con semejante ligereza.
El problema es claro: Baleares ya atiende a 680 menores no acompañados, de los cuales más de 300 han arribado durante este año 2025. Hablar de racismo frente a esta evidencia es descalificar un argumento administrativo y técnico, y sustituirlo por un juicio moral que carece de fundamento. La ministra, en lugar de reconocer la sobrecarga y colaborar en soluciones, elige la descalificación política.
En este contexto, mucho más hipócrita resultan las apelaciones del delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, a trabajar conjuntamente, mientras desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que se ha despreocupado de la crítica situación que aquí se sufre, se acusa de racismo a un Ejecutivo autonómico.
Es imposible establecer un diálogo productivo cuando se parte de una acusación tan grave y gratuita, sin el menor respeto ni elemental educación. El Gobierno central responde al anuncio de un recurso judicial completamente legítimo, con una grave descalificación sobre la integridad ética del Govern balear.
Es imposible establecer un diálogo productivo cuando se parte de una acusación tan grave y gratuita, sin el menor respeto ni elemental educación
La estrategia del Gobierno central revela un patrón preocupante: imponer decisiones unilaterales bajo el argumento de la urgencia y la protección infantil, sin garantizar los recursos necesarios ni respetar las competencias autonómicas. El decreto ley que obliga al traslado de menores desde Canarias y Ceuta ignora la saturación real de las islas y limita la cobertura económica a casos de “sobrecarga”, condicionando la compensación a un promedio estatal que no refleja la realidad balear.
Baleares ha actuado correctamente: defender la sostenibilidad de sus servicios sociales y recurrir al Tribunal Constitucional. No se trata de cerrar la puerta a la solidaridad, sino de reclamar que las medidas se ajusten a la realidad y a la capacidad del territorio. Acusar de racismo a quien simplemente alerta de un colapso administrativo es un acto de irresponsabilidad política y un desprecio por la evidencia.
El debate sobre migración requiere rigor y respeto institucional. Tildar de racista a un Govern saturado no contribuye a resolver el problema, solo agrava la tensión y desacredita al propio Gobierno central, que sólo juega a desgastar a los gobiernos autonómicos que no son del PSOE.
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