El asentamiento chabolista aparecido en la cuneta de la autopista del aeropuerto (Ma-19), a la entrada de Palma, vuelve a poner sobre la mesa una doble realidad. Por un lado, la emergencia habitacional que sufre la isla, que hace que muchos ciudadanos se encuentren con serias dificultades para acceder a una vivienda digna a un precio razonable.
Por otro lado, la obligación de las instituciones de actuar ante situaciones que generan riesgo para la seguridad vial y para la propia integridad de quienes habitan en condiciones muy precarias y lamentables, en lugares del todo inapropiados.
La falta de vivienda asequible constituye uno de los principales retos políticos, sociales y económicos de la Comunidad Autónoma. Desde las distintas administraciones públicas se trabaja para dar respuesta a este problema estructural, pero las medidas adoptadas hasta el momento por el Govern balear no tienen efecto inmediato y requieren tiempo.
En todo caso, la gravedad de la situación exige un esfuerzo continuado y coordinado por parte de todos, cada cual según sus posibilidades, situando la vivienda como la máxima prioridad política.
La falta de vivienda asequible constituye uno de los principales retos políticos, sociales y económicos de la Comunidad Autónoma
Ahora bien, esa realidad no puede llevar a normalizar escenarios como el surgido en la cuneta de la MA-19. Instalar chabolas y tiendas de campaña junto a una autopista no es una opción aceptable. Supone un riesgo evidente para los conductores y una vulneración de las normas que regulan los espacios de seguridad en la red viaria.
La solución no pasa por mirar hacia otro lado, sino por actuar desde la responsabilidad institucional. Es imprescindible que las autoridades competentes intervengan de manera coordinada, garantizando la seguridad, ofreciendo alternativas dignas a las personas afectadas y evitando que este tipo de situaciones se prolonguen.
Mallorca no puede permitirse que la emergencia habitacional se traduzca en asentamientos improvisados en lugares inadecuados y peligrosos. Las administraciones deben dar respuesta a la falta de vivienda, pero también velar porque el espacio público se utilice en condiciones de seguridad y legalidad. Solo desde una acción firme y coordinada será posible conciliar ambas exigencias.
