En 2024, la Policía Local de Palma registró 1.145 accidentes con fuga, el doble que una década antes. Este incremento es alarmante, pues uno de cada tres siniestros termina con el responsable huyendo. La mayoría lo hace por miedo a las consecuencias legales, como dar positivo en alcohol o drogas, o por carecer de seguro obligatorio y carné de conducir.
Tras estos accidentes se esconde una conducta irresponsable y peligrosa. Eludir la responsabilidad tras un siniestro no solo es una infracción administrativa, sino que, en muchos casos, constituye un delito mayor: la omisión del deber de socorro. Esta conducta agrava la situación legal del infractor, además de demostrar una falta de humanidad y responsabilidad hacia las víctimas.
La respuesta judicial ante estos casos es incoherente y preocupante. Mientras algunos conductores son encarcelados tras huir de un accidente, como el presunto responsable del atropello al cantante Jaime Anglada, otros, tras ser detenidos, quedan en libertad porque incluso la Fiscalía no solicita prisión preventiva. Esta disparidad en el trato judicial alimenta la sensación de impunidad y es inexplicable para la ciudadanía.
La ley debe aplicarse de manera equitativa y firme, sin contemplaciones, para garantizar que quienes eluden su responsabilidad tras un accidente respondan legalmente de sus actos
Es preciso que los tribunales y la Fiscalía actúen con contundencia y de forma homogénea. La ley debe aplicarse de manera equitativa y firme, sin contemplaciones, para garantizar que quienes eluden su responsabilidad tras un accidente respondan legalmente de sus actos. Solo así se podrá erradicar esta lacra y devolver la confianza de la ciudadanía en la justicia.
Quienes optan por fugarse tras haber causado un accidente con víctimas, deben ser castigados con toda severidad, pues se trata de una acción alevosa para escapar de la justicia y procurarse impunidad, algo que agrava su responsabilidad penal.
