Hechos como el sucedido en Manacor, donde cuatro menores, con edades comprendidas entre los doce y los trece años, han cometido un delito de presuntos abusos sexuales, además de vejaciones, contra un compañero de clase de once años que, además no fue capaz de denunciar los hechos por vergüenza y miedo a represalias, hacen necesaria una reforma urgente y en profundidad de la Ley del menor. Porque, ¿qué pasará si se demuestra que estos cuatro menores son culpables de los hechos que se les imputan? Pues absolutamente nada. Su edad les facilita toda la impunidad necesaria para hacer lo que les de la gana. Unos meses de internamiento en una institución, si es que llega a eso, y después a la calle a seguir cometiendo salvajadas. Y mientras, un niño de once años habrá quedado marcado de por vida, porque será muy difícil superar lo ocurrido. Necesitará ayuda y además se convertirá en una persona vulnerable, porque a partir de ahora tendrá miedo que quienes le hicieron daño le esperen dentro de unos meses para “darle su merecido” por chivato. Así que la única solución será emigrar de Manacor. Esa es la Ley del menor, que premia a los culpables y castiga a las víctimas.
