Este jueves, tras el trámite de informe final por parte de las acusaciones y la defensa, quedó visto para sentencia el ‘caso Ópera’, que ha enjuiciado al expresident del Govern balear, Jaume Matas, por la contratación en 2007 del arquitecto Santiago Calatrava para realizar un proyecto de construcción de un palacio de la ópera en el Moll Vell de la bahía de Palma y que costó a las arcas públicas 1,2 millones de euros. Es ahora el tiempo del tribunal de la Audiencia Provincial, al frente del cual se encuentra su presidente el magistrado Diego Gómez-Reino, quien habrá de determinar si a la vista de las pruebas practicadas en la vista oral, concurren los delitos de tráfico de influencias y prevaricación, por los que la Fiscalía solicita una pena de un año y tres meses de cárcel, una multa de 211.000 euros y una indemnización para la comunidad autónoma del montante total del gasto que dicha contratación supuso.
La Fiscalía sostiene que la decisión de Matas de contratar a Calatrava fue una decisión personalísima que buscaba un “rédito electoral personalista”, pero es dudoso que toda decisión política no persiga ese rédito electoral y, además, la Junta Electoral impidió la presentación del proyecto ante la proximidad de los comicios. En todo caso, las cinco ocasiones en que Jaume Matas ha sido juzgado han dejado a la vista una peculiar forma de ejercer la contratación pública, aunque en todas ellas el expresident niega tener más responsabilidad de la de tomar la decisión inicial de contratar a una persona o empresa determinada.
La defensa de Matas, ejercida por el exfiscal José Zaforteza, ha puesto de relieve algo que el Govern parece haber querido olvidar. El director de la Abogacía de la Comunitat Autónoma, Lluís Segura, no apreció fundamentos con que sostener la acusación penal, lo que motivó que el Govern de Francina Armengol decidiera sustituirle. Los servicios jurídicos de la Caib no consideraron que hubiera pruebas para acusar a Matas y en una injerencia insólita, el Govern decidió destituir a su máximo responsable, que en tantas ocasiones antes había representado los intereses de la Comunitat Autònoma en tantos procesos de corrupción, sin que a día de hoy haya sido nombrado su sustituto al frente de la Abogacía. Tras aquella destitución, la Abogacía volvió a acusar a Matas adhiriéndose a la acusación del Ministerio Fiscal, cosa que fue calificada en su día por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach como “una utilización perversa del sistema judicial para fines políticos”. También esto deberá ser tenido en cuenta por el tribunal.
