El acceso a la vivienda continúa siendo, con diferencia, el principal problema de Baleares. Lo es para los jóvenes que no pueden emanciparse, para las familias que destinan buena parte de sus ingresos al alquiler y para los trabajadores que, sencillamente, no encuentran dónde vivir. Nadie discute ya la gravedad de una situación que se ha convertido en una auténtica emergencia social.
En este contexto, sería injusto negar que el Govern de Marga Prohens ha situado la vivienda en el centro de su acción política. Desde el inicio de la legislatura se han impulsado medidas destinadas a incrementar la oferta disponible, partiendo de una premisa tan simple como incontestable: sin más viviendas, resulta imposible contener los precios. La flexibilización urbanística, la movilización de suelo, los programas para aflorar vivienda vacía, las promociones públicas, la vivienda a precio limitado o las iniciativas para incentivar el alquiler forman parte de una estrategia política orientada a ampliar un mercado claramente tensionado.
Ningún decreto ni ninguna ley pueden revertir en pocos meses un problema gestado durante décadas
Sin embargo, los resultados todavía tardan en llegar. La construcción de viviendas requiere años de planificación, tramitación y ejecución. Ningún decreto ni ninguna ley pueden revertir en pocos meses un problema gestado durante décadas. Los ciudadanos siguen enfrentándose a precios prohibitivos mientras muchas de las medidas anunciadas continúan en fase de desarrollo o implantación.
Esa es la gran paradoja de la política de vivienda: cuando se actúa con decisión, los efectos no son inmediatos. Pero precisamente por ello sería un error abandonar el rumbo. Baleares necesita perseverancia, estabilidad normativa y una estrategia sostenida en el tiempo. Porque la vivienda no admite soluciones mágicas. Y aunque los frutos aún no sean visibles para miles de familias, la alternativa a construir más oferta es resignarse a que el problema siga agravándose.
