El Ayuntamiento de Llucmajor ha solicitado la ampliación de la carretera de s'Estanyol y el grupo popular en el Consell de Mallorca se ha comprometido a trasladar a la institución el debate y la defensa del plan. Se trata de modificar el proyecto de ampliación de la carretera que une ambas localidades para que pueda dar respuesta al elevado nivel de tráfico de vehículos que, no solo en la temporada estival, soporta este tramo de una estrechez considerable y alto índice de accidentes.
La Comisión Balear de Medio Ambiente rechazó el último proyecto consistente en el ensanchamiento de la calzada en sus últimos cuatro kilómetros, por lo que ahora es el Consell quien debe encontrar una alternativa que dé respuesta a las necesidades de desplazamiento en este punto de Mallorca. En la zona, la institución insular ya ha desbloqueado el proyecto que dará paso a la nueva autovía entre Llucmajor y Campos, tanto tiempo demandada por los vecinos de la zona. En todo caso, la lentitud de los procesos no es aceptable cuando se trata de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y garantizar su seguridad. El aumento de la población y del parque móvil hacen inevitable acometer con diligencia y celeridad las mejoras que eviten trastornos a los ciudadanos y que, a la vez, sirvan de impulso a la actividad económica. El tremendo retraso en las obras del Segundo Cinturón de Palma son un ejemplo inaceptable de esta forma de actuar.
No vendría mal que el PP, por su parte, y dado que en buena parte defiende la actualización de la mayoría de estas infraestructuras, reclamase a Madrid el cumplimiento de las inversiones estatutarias que debe aportar la administración central a Balears, y que están pensadas precisamente para costear obras viarias o de transportes.
En todo caso, y aunque sea de justicia reclamar estos ingresos, no parece que el freno al desarrollo de determinadas infraestructuras sea el tema económico. Las instituciones baleares, incluido en Consell de Mallorca, prevén presupuestos récords para el 2018. Dinero hay. Se trata de establecer prioridades pensando más en las necesidades de los ciudadanos que en cuestiones ideológicas; especialmente en administraciones 'multicolor', donde cada uno de los partidos piensa diferente y llegar a acuerdos se convierte en una larga y tediosa negociación que retrasa la solución de los problemas.
De momento, en Llucmajor Més y PSIB se han opuesto a instar al Consell la modificación del proyecto de s'Estanyol. Es legítimo, pero esta posición no debería anunciar una pugna política que acabe con el proyecto en un cajón o retrasado durante años. No sería bueno para el progreso de la zona, pero, sobre todo, para la seguridad de quienes transitan por ella.
