La subida del 3,8 % en las tasas aeroportuarias aprobada por Aena es una decisión con consecuencias directas sobre el precio de los billetes y, por tanto, sobre millones de pasajeros. Las aerolíneas ya han advertido que repercutirán el incremento en sus tarifas. No hay misterio: más tasas, billetes más caros.
Conviene recordar qué es Aena. Es una sociedad con mayoría pública —el Estado controla el 51 % del capital— pero con un 49 % en manos privadas y cotizando en bolsa. Esa naturaleza híbrida explica muchas cosas. Existe una presión evidente por ofrecer rentabilidad a los accionistas. Pero su finalidad no puede ser meramente económica. Gestiona infraestructuras estratégicas, no centros comerciales.
Aena gestiona infraestructuras estratégicas, no centros comerciales
Los aeropuertos son piezas críticas de la cohesión territorial y de la competitividad del país. En territorios insulares como Baleares, son además un servicio esencial. Cada euro que se añade a las tasas repercute en la conectividad, en la capacidad de atraer rutas y en la posición frente a otros destinos del Mediterráneo que compiten agresivamente en costes.
El impacto lo pagarán los turistas y también los residentes. Aena debe ser sostenible y solvente. Nadie discute eso. Lo que se cuestiona es la lógica de gestionar un sistema aeroportuario público con la mentalidad exclusiva de maximizar ingresos.
Cuando la conectividad es motor económico y garantía de igualdad territorial, priorizar el dividendo sobre el interés general es un error estratégico. Y sus efectos, a medio plazo, pueden ser más costosos que la propia subida.
Además, cuando Aena ya está obteniendo beneficios récord, la subida de tasas se muestra innecesaria y profundamente avariciosa. Los efectos negativos que acarreará son importantes en materia de competitividad, como apunta la Mesa del Turismo. Pero nada de esto ha sido tenido en cuenta, lamentablemente. Los ciudadanos tomarán nota.
