La seguridad pública es un pilar insoslayable de cualquier sociedad democrática. Se trata de la sensación de seguridad de la ciudadanía, de la libertad de transitar por las calles sin miedo, de poder confiar en que nuestras instituciones garantizan y protegen nuestros derechos básicos. Por eso, el repunte del 5,6% en la criminalidad en Baleares en 2025, hasta alcanzar 84.895 infracciones penales según el balance del Ministerio del Interior, debe ser una señal de alerta para la política, las Fuerzas de Seguridad y la sociedad civil.
El aumento de delitos —incluyendo robos con violencia e intimidación, hurtos y tentativas de homicidio— no puede leerse como un simple dato estadístico: es una señal de alarma. Las cifras muestran que, si bien algunos delitos como homicidios consumados y ciertos crímenes contra la libertad sexual descendieron, otros muestran incrementos preocupantes, especialmente en la violencia patrimonial.
Baleares es un territorio cuya principal industria es el turismo. Somos un destino global, un imán de visitantes que eligen nuestras islas para disfrutar de ocio, cultura y paisaje. La percepción de inseguridad es un riesgo claro para ese modelo económico. Los turistas no regresan a destinos donde sienten que su integridad física o sus bienes están en juego. Y, también, los residentes no pueden aceptar una normalización de conductas delictivas que deterioren su calidad de vida.
Por ello, la respuesta debe ser política y estructural: dotación adecuada de recursos a Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales; estrategias preventivas eficaces; coordinación institucional y un enfoque comunitario real. La seguridad no es negociable y su empeoramiento puede tener consecuencias graves para la cohesión social y la confianza ciudadana.
Una sociedad democrática madura actúa con firmeza contra la delincuencia, protege a sus ciudadanos y refuerza la confianza en las instituciones. Baleares no puede permitirse menos.
