Dos agentes de la UCO se presentaron en julio de 2022 en la sede del IB-Salut con una orden judicial para obtener información sobre un contrato de 3,7 millones de euros entre el Gobierno y la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL. El director de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud, Manuel Palomino, entregó la documentación requerida, que fue copiada en un pendrive por los agentes. Esto sugiere que el Govern de Francina Armengol estaba al tanto de la investigación desde esa fecha.
Dos agentes de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial de la Guardia Civil (UCO), Delincuencia Económica, se personaron el 19 de julio de 2022, poco antes de las 10 horas, con una orden judicial para que les fuera entregada toda la información relativa al expediente de contratación de la empresa Soluciones de gestión y apoyo a empresas SL, por importe de 3.701.500 euros.
El entonces director de Gestión y Presupuestos del Servicio de Salud, Manuel Palomino, que pocos días más tarde sería nombrado director general del IB-Salut en sustitución de Juli Fuster, aportó la documentación que le fue requerida por los agentes de la Policía Judicial. Dicha documentación fue copiada en un pendrive que se llevaron los agentes.
De este modo, es de pura lógica que el Govern de Francina Armengol conocía desde esa fecha que había en curso una investigación de la UCO sobre la contratación por parte del Ejecutivo con la citada empresa, vinculada al asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, quien fue detenido el pasado martes por orden de la Audiencia Nacional.
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