El sector de las agencias de viajes vive una transformación sin precedentes. La digitalización ha traído oportunidades indiscutibles, pero también amenazas que comprometen la viabilidad de cientos de negocios en Mallorca y el resto de Baleares. El problema no radica en la modernización ni en el acceso del consumidor a nuevas plataformas, sino en la proliferación de la oferta ilegal y en la competencia desleal que supone el mercado opaco de internet.
Cada vez son más los usuarios que, confiados en la inmediatez de un clic, reservan paquetes turísticos, vuelos o alojamientos en portales y canales que no cuentan con licencia ni garantías. La consecuencia es doble: por un lado, se pone en riesgo al propio consumidor, que en caso de cancelación, quiebra o fraude queda desprotegido; por otro, se golpea duramente a las agencias que cumplen con la normativa, generan empleo estable y tributan en nuestro territorio.
La situación es especialmente grave en un destino como Mallorca, donde el turismo es motor económico y donde el tejido empresarial depende de un equilibrio delicado entre oferta regulada y consumo responsable. Permitir que la jungla digital crezca sin control significa abrir la puerta a la precariedad, la economía sumergida y la pérdida de confianza en el destino.
El “todo vale” digital no puede ser excusa para dinamitar un sector que aporta profesionalidad, seguridad y confianza. Defender a las agencias legales es defender también la calidad del turismo y la economía de Baleares
No se trata de demonizar internet ni de frenar la innovación. Las agencias han demostrado capacidad de adaptación, ofreciendo canales online, servicios personalizados y un valor añadido que ninguna web anónima puede igualar. El problema es la falta de control sobre quienes operan fuera de la legalidad, sin seguros de responsabilidad, sin sede real y sin compromiso con el cliente ni con la sociedad que los acoge.
La Administración tiene aquí un papel insustituible. Se requieren inspecciones eficaces, sanciones ejemplares y campañas de concienciación que recuerden al consumidor la importancia de contratar en canales oficiales. Al mismo tiempo, las asociaciones empresariales deben reforzar la colaboración para detectar malas prácticas y defender un sector estratégico.
Si se quiere garantizar el futuro de las agencias de viajes, hay que actuar con decisión. El “todo vale” digital no puede ser excusa para dinamitar un sector que aporta profesionalidad, seguridad y confianza. Defender a las agencias legales es defender también la calidad del turismo y la economía de Baleares.
Las reglas del juego han de ser iguales para todos. Lo contrario conduce a la desaparición de un servicio imprescindible y a la desprotección del cliente. Y ese, sencillamente, es un riesgo que no podemos permitirnos.
