Imagínese que usted es el dueño de una compañía y descubre que uno de sus empleados utiliza el coche de empresa durante los fines de semana, es decir, fuera de su horario laboral, y que encima carga la factura de la gasolina a la empresa. ¿No se sentiría usted estafado e indignado? Acaso ¿no le pediría que devolviera ese dinero? Con los políticos que ocupan un cargo público pasa algo parecido. Continuamente salen a la luz casos de abuso de los privilegios que conlleva ostentar un puesto con cargo al erario público. Así mientras uno emplean el coche oficial para ir a la peluquería, caso de Ana Botella, quien para más inri pide el uso del transporte público, otros como Zapatero emplean un avión oficial para acudir a mítines del PSOE. Una espera que la justicia actúe ante esta falta de impunidad y ponga en su sitio a estos listillos obligándoles al menos a devolver lo que se han gastado a costa de todos los ciudadanos, pero no. Resulta que la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que presentó la Asociación Preeminencia del Derecho contra el presidente del Gobierno para que devolviera al erario público los gastos de la utilización del Falcon. Desde luego nadie duda de que cuando ZP ejerce como presidente del Gobierno puede disponer de los recursos públicos, pero cuando esta actuando como presidente del PSOE debe ser el partido el que pague la factura y no todos los ciudadanos.
