El Govern de les Illes Balears deberá pagar 19,2 millones de euros más intereses a una empresa privada que reclamó ante la Administración por los daños y perjuicios ocasionados por la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible. Así lo ha determinado el TSJIB, que apunta que aquella Ley impulsada por el 2º Pacte de Progrés liderado por el socialista Xisco Antich (el Gobierno estuvo apoyado por PSOE, Bloc per Mallorca, Eivissa pel Canvi y Unió Mallorquina), al modificar y ampliar el suelo rústico protegido en Mallorca y en Ibiza, abría la puerta a futuros reconocimientos de responsabilidad patrimonial de la Administración, planteadas por los afectados por la desclasificación del suelo. De este modo, todos y cada uno de los ciudadanos acabarán pagando de sus impuestos una millonada a los efectos que tuvo aquella Ley. Millonada que no podrá destinarse a otras cosas más importantes, como Sanidad, Educación, Servicios Sociales o Dependencia.
No es la primera vez y no será la última que hay que indemnizar como consecuencia de aquella Ley. Ya en 2013 hubo que pagar 22,5 millones a varios propietarios de Cala Carbó (Pollença). Y es que hacer ecologismo y proteccionismo con el dinero de todos es algo que no debiera de salir gratis, porque aquella Ley, de profundo contenido ideológico abiertamente declarado, nacida fruto de la acción política de las fuerzas de la izquierda, que acabarán pagando todos los ciudadanos.
Llegados a este punto, sería interesante que alguno de los políticos que llevaron a cabo aquel atropello a los derechos de tantos propietarios que ahora deben ser indemnizados, asumieran alguna responsabilidad. Es una lástima que nadie se responsabilice de la esquilma a los recursos públicos que supuso aquella Ley, recursos tan escasos y que tanta falta hacen en tantos otros ámbitos donde la necesidad es máxima. Así, sería deseable que junto a una sentencia de estas características, al menos se inhabilitara a los responsables del desaguisado, que se van de rositas. Que la mala gestión salga gratis es algo que escarnece a la ciudadanía, sobre todo cuando hay que pagar los caprichos ideológicos y los desmanes de nuestros gobernantes. Si lo tuviesen que pagar ellos de su peculio, otro gallo cantaría.
