Los ciudadanos son los perjudicados por el fracaso de la Ley Bolaños

La Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de Justicia supone una profunda reforma de la Administración de Justicia en España, impulsada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños (PSOE). Lo que sobre el papel se presentó como una ambiciosa modernización del sistema, está encontrando una resistencia creciente entre quienes conocen de primera mano el funcionamiento de juzgados y tribunales.

Las críticas no proceden únicamente de la oposición o de determinados sectores ideológicos. Son los propios actores jurídicos quienes están levantando la voz. Jueces, magistrados, fiscales, funcionarios, procuradores y ahora también los abogados advierten de problemas organizativos, retrasos, incertidumbre y una evidente falta de planificación en la puesta en marcha de los nuevos Tribunales de Instancia.

Especialmente significativa resulta la denuncia formulada por el Ilustre Colegio de Abogados de Baleares, que habla abiertamente de un "caos sin precedentes". Los letrados son quienes cada día representan a ciudadanos y empresas ante los tribunales y quienes sufren en primera línea los retrasos, los cambios de criterio, las dificultades de gestión y las disfunciones administrativas.

Lo preocupante es que quienes conocen el día a día de los órganos judiciales alerten de que el sistema funciona peor que antes

Toda transformación de una estructura tan compleja como la Justicia exige tiempo, recursos, formación y una transición cuidadosamente planificada. Lo contrario conduce inevitablemente a situaciones como las que ahora se denuncian: procedimientos paralizados, incertidumbre entre los profesionales y una sensación creciente de desorden.

El verdadero problema no es que una reforma encuentre obstáculos. Eso es habitual. Lo preocupante es que quienes conocen el día a día de los órganos judiciales e intervienen en los distintos procedimientos, alerten de que el sistema funciona peor que antes. La eficiencia no puede medirse por los títulos de las leyes ni por los discursos políticos que las acompañan. Tampoco por los discursos triunfalistas del ministro de turno, incapaz de reconocer el menor error en su gestión. La única medida válida es la experiencia real de quienes trabajan cada día en los tribunales.

Y, hasta ahora, las denuncias que llegan desde el mundo jurídico son absolutamente descorazonadoras y no pueden ser ignoradas por el Gobierno. Son los ciudadanos quienes resultan perjudicados por el fracaso de la conocida como Ley Bolaños.