En junio de 2017 el Govern atravesó el ecuador de la legislatura y embocó ya la parte final de su mandato, que finalizará a principios del año 2019 cuando se convoquen elecciones municipales y autonómicas. Pese a los problemas políticos de diversa magnitud que han sacudido la política balear, el Ejecutivo de Francina Armengol ha conseguido aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma, los mayores de la historia con más de 5.000 millones de euros, lo que da estabilidad a la acción de gobierno y garantiza que se pueda alcanzar el final del mandato sin necesidad de elecciones anticipadas.
Crisis
La elección de Baltasar Picornell (Podem) como presidente del Parlament; la crisis derivada de los contratos de las consellerias controladas por Més al exjefe de campaña del partido, Jaume Garau, que obligó a sustituir a la consellera Ruth Mateu por Fanny Tur, entre otros altos cargos; y finalmente la dimisión del vicepresidente del Govern, Biel Barceló, por aceptar un viaje a Punta Cana invitado por un programa de televisión, y su sustitución por Bel Busquets; han supuesto un reguero de crisis que han desgastado la imagen del Ejecutivo y también la cohesión interna. Aunque principalmente a una de las formaciones que lo integran: Més per Mallorca.
Pero este año 2017 que termina ha sido el año en que los descontentos con el Govern del Canvi han aumentado considerablemente y han alzado la voz para hacerlo notar.
Alquiler turístico
La aprobación de la reforma de la Ley de Turismo para regular el alquiler vacacional ha supuesto muchas críticas al Ejecutivo desde todos los ámbitos.
La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Balears (Aptur), junto a una veintena de entidades entre las que están Pimem, Pimeco y Afedeco, suscribieron un manifiesto a favor del alquiler vacacional. También las plataformas como Airbnb criticaron la Ley. Y por razones muy distintas lo hizo la entidad ecologista Terraferida, al considerar que no se ponía coto debidamente a esta actividad causante en gran medida de la sensación de saturación provocada en los meses de mayor afluencia de visitantes.
Saturación
La manifestación que el 23 de septiembre tuvo lugar en Palma y que congregó a unas 3.000 personas convocados por ‘Ciutat per a qui l’habita’ y ‘Sense límits no hi ha futur’, a los que se sumaron un buen número de entidades y asociaciones de todo tipo, exigiendo medidas contra la saturación provocada por la llegada masiva de turistas, ha sido hasta ahora la mayor protesta que ha tenido lugar contra el Govern. Los manifestantes reclaman un cambio del modelo económico y el decrecimiento del turismo.
Muchas de las asociaciones que participaron en la manifestación son entidades ecologistas vinculadas o próximas a los partidos de izquierdas, que se mostraron muy críticas con el Govern y singularmente con la conselleria de Turismo dirigida entonces por Biel Barceló, de Més per Mallorca.
Ecotasa
El reparto de los fondos recaudados por el impuesto turístico, unos 44,1 millones de euros durante este año 2017, también ha sido motivo de crítica por parte de organizaciones ecologistas como el GOB y Amics de la Terra. Ambas organizaciones votaron en contra del reparto propuesto por el Govern en la Comisión de Turismo Sostenible, al considerar que se destina dinero a proyectos que no buscan reducir la carga mediambiental y sí a proyectos de formación en el sector turístico y de promoción.
Decreto del catalán para el personal sanitario
Más recientemente, la redacción de un borrador de decreto que exige acreditar el conocimiento del catalán nivel B-2 para ocupar una plaza en la sanidad pública, ha generado una catarata de críticas al Ejecutivo por parte de sindicatos de médicos y personal de enfermería.
Simebal y Satse, mayoritarios en el sector, advierten de las graves repercusiones que dicho decreto puede acarrear entre los trabajadores, desincentivando que se cubran plazas vacantes con profesionales venidos de fuera e, incluso, con muchos de ellos marchándose de Balears por el establecimiento del catalán como un requisito y no como un mérito.
La consellera de Salut, Patricia Gómez, niega los temores de los sindicatos y asegura que la atención a los usuarios está garantizada en todo momento. Pero el descontento es generalizado entre los profesionales de la sanidad pública.
Policías locales
La aprobación de la Ley de Coordinación de las Policías Locales también ha supuesto un jarro de agua fría en las aspiraciones de los agentes interinos que se verán obligados a opositar para obtener una plaza en propiedad, cuando sus aspiraciones eran otras. El 5 de diciembre protestaron ante el Parlament.
Animalistas
Las entidades animalistas también se han mostrado decepcionados con el Govern durante 2017. Por su tardanza en aprobar la conocida como Ley de “toros a la balear” y también porque no impide celebraciones con animales, como el Correbou de Fornalutx.
Además, el Tribunal Constitucional dejó en suspenso la ley ya el Gobierno de Mariano Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad, al considerar que invade competencias estatales, lo cual supone que quede por el momento en papel mojado.
Ley de Urbanismo
Más recientemente, la aprobación de la Ley de Urbanismo en el Parlament y concretamente, una disposición transitoria (la decimocuarta) que permitiría legalizar terrenos en Playa d’en Bossa (Ibiza) propiedad de la familia Matutes y que actualmente se encuentran fuera de ordenación, ha generado fuertes críticas al PSIB por parte de sus socios y también por parte de los ecologistas del GEN-GOB, quienes acusan al PSIB de hacer urbanismo a la carta.
Los socialistas se defienden argumentando que se trata de una propuesta del Ayuntamiento de Sant Josep (que gobierna el PSOE), para regularizar la situación urbanística de terrenos que no solo afectan a Matutes.
Descontentos
Toda acción de gobierno genera partidarios y detractores, como es natural, pero el Govern comienza a acumular muchos críticos que, además, provienen del entorno de los partidos de izquierdas, como las entidades ecologistas y también los animalistas.
En el año 2018 el Ejecutivo que integran PSIB y Més y al que da apoyo parlamentario Podem, deberá esforzarse por evitar incrementar el número de ciudadanos que se muestran críticos o decepcionados, en especial entre los votantes de formaciones de izquierdas.
