Así, Frontera ha señalado que "se necesita un cambiho urgente de la normativa para que los hoteleros puedan acabar la transformación iniciada en los últimos años". María Frontera ha recalcado que lo que necesita el sector es que "se nos facilite el trabajo, tanto en la conselleria como en los ayuntamientos, sin estar sometidos a la inseguridad jurídica actual".
La presidenta de la FEHM afirma que el cambio de ley ha afectado a esta transformación llegando a la paralización en el año 2020 de todas las inversiones que se habían iniciado. Tras el cambio de la ley en 2016, las reformas realizadas hasta 2018 "son los últimos coletazos" de la aplicación de la anterior norma. "Necesitamos una normativa a largo plazo que nos permita actuar con agilidad porque los hoteles se han de reformar siempre".
Por su parte, el presidente de la Federación Hotelera de Menorca, LLuís Casals, se ha mostrado especialmente crítico con el alquiler turístico. "No hablamos de prohibirlo pero exigimos al Govern que nos trate con las mismas condiciones"; "Abrir un hotel - ha señalado - implica cumplir muchas normativas que el alquiler turístico ilegal no cumple".
Casals cifra en 60.000 las estancias ilegales en Menorca lo que considera que perjudica a las sostenibilidad del destino.
También la presidenta de la Federación Hotelera de Ibiza, Ana Gordillo, ha criticado la aplicación de la ecotasa, "que en 2016 se aprobó sin el consenso del sector y que en 2018, cuando la situación ya se veía que era de mucha incertidumbre, se ha doblado". "Hay destinos que se están recuperando que han entrado en una guerra de precios y con lo que no podemos competir", ha afirmado.
Gordillo se ha referido también a la competitividad del destino. "No podemos ser competitivos cuando estamos castigando al turista con un impuesto que, además, está faltando al espítritu del origen medioambiental para el que se aprobó; en cambio se utiliza para cubrir la falta de financiación que tiene la Comunidad. Es un impuesto injusto, antipático y discriminatorio".
Sobre el Brexit, la federación más preocupada es la de Menorca, que depende en un 70 por ciento del mercado británico. En relación a la política de precios de los hoteles, Casals ha señalado que se trata de mantener la oferta de calidad "aunque cada uno debe establecer su estrategia". Casals ha señalado que con la oferta actual el gasto de personal se ha incrementado un 10 por ciento lo que, de seguir así, "nos puede obligar a adoptar políticas de ámbito laboral".