La muerte, esta semana y a los 95 años, de Blas Piñar podría haber representado la desapación de uno de los últimos fascistas en España. No obstante, parece no ser así. Posiblemente cuando se promulgó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se hizo con la mejor de las intenciones y bajo la guía de propiciar la transformación del estado de dictadura retrógrada a democracia moderna. Visto desde la perspectiva de los más de 35 años transcurridos, uno tiene serias dudas de haberse cumplido los objetivos deseables, al menos en el plano político.
Planteaba Cesare Beccaria, en su obra "De los delitos y las penas", que el propósito de las penas no es causar daño, pues su objetivo debe ser por un lado evitar la reincidencia del delincuente y, por otro, disuadir al resto de ciudadanos de delinquir. Para ello, la pena debería ser los más leve y humana posible para cumplir el objetivo.
El caso español no se ha conseguido, tanto por la ley de amnistía como por la negativa del PP a incluir en el código penal la apología del franquismo, ni evitar la reincidencia de los fascistas, que se pavonean orgullosos, ni mandar un claro mensaje a sus herederos sobre lo incorrecto de no atender principios democráticos como, por ejemplo, el respeto a las minorías. La impunidad con la que han podido sobrevivir moralmente a su criminal ataque contra la legalidad republicana nos está impidiendo deshacernos, de una vez por todas, de los últimos fascistas.
