Esta asociación considera que los cambios planteados no corrigen los problemas estructurales que la norma ha generado en el ejercicio profesional diario.
Según la organización, desde su entrada en vigor el decreto ha provocado un incremento de la carga burocrática, inseguridad jurídica en la práctica clínica y dificultades operativas en los centros veterinarios, una situación que repercute directamente en la calidad asistencial, la viabilidad de muchos establecimientos y, en última instancia, en la salud pública y el bienestar animal.
Esta asociación, integrada en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), considera que la propuesta de reforma presentada por el Ministerio supone únicamente un ajuste limitado que no aborda el fondo del problema.
"El sector no necesita retoques normativos, necesita una solución real", han señalado desde la entidad.
La posición de la asociación balear coincide con la expresada por una parte significativa de la profesión veterinaria en España, incluida la Confederación Empresarial Veterinaria Española (CEVE), así como por numerosas organizaciones profesionales y colegios veterinarios provinciales, como Barcelona, Madrid o Cádiz, que han mostrado públicamente su preocupación por el impacto de la norma.
La asociación subraya que la mayoría del sector reclama una revisión profunda del marco regulatorio y que una parte relevante de los profesionales considera que la derogación del real decreto sería la vía más eficaz para construir una normativa adaptada a la realidad clínica y alineada con el entorno europeo.
La organización ha recordado que los veterinarios desempeñan un papel esencial en la protección de la salud pública, la seguridad alimentaria y el control de las resistencias antimicrobianas, por lo que considera imprescindible disponer de una regulación clara, proporcionada y operativa.
Esta entidad ha reiterado también su disposición al diálogo con las administraciones para garantizar una normativa que permita a los profesionales desarrollar su labor con seguridad jurídica y eficacia sanitaria, y ha reclamado “soluciones reales y no medidas provisionales que prolonguen la incertidumbre”.
