La medida ha obtenido los 17 votos a favor de PP, Vox y El PI, mientras que los nueve consellers insulares de PSIB y MÉS per Mallorca han votado en contra, en el Pleno extraordinario celebrado este martes.
Este segundo tramo de ayudas cuenta con 5,2 millones de euros más de los 17,5 millones anunciados inicialmente. De este modo, nueve millones de euros irán orientados a ayudas sociales para familias vulnerables. En ese caso, las personas perceptoras no tendrán que superar los 25.200 euros de ingresos anuales, se dará prioridad a las personas con hijos a cargo y tienen que acreditar un mínimo de cinco años de residencia continuada en Mallorca.
Por otra parte, cuatro millones será para equipamientos de servicios a personas con discapacidad y para evitar situaciones de sobrecarga familiar y dos millones para los ayuntamientos para financiar las residencias de personas mayores.
Otros tres millones irán a las federaciones deportivas para reducir los gastos federativos de las familias con menores de 16 años, 500.000 euros para las federaciones y asociaciones de personas mayores ante el aumento de los costes energéticos y 150.000 euros para las entidades juveniles para paliar el incremento de costes operativos.
Por otra parte, 2,2 millones subvencionarán a empresas y bonos a particulares para comprar producto local y de proximidad, un millón a ayudas para cooperativas agrícolas y establecimientos de la Serra de Tramuntana, 500.000 euros al Instituto del Deporte Hípico de Mallorca y 300.000 euros de ayudas para el sector cultural para poder asumir el incremento de costes energéticos.
JURISPRUDENCIA Y "PRIORIDAD NACIONAL" VS ESCUDO "RACIAL"
La sesión ha comenzado con el debate sobre la urgencia de estas ayudas y la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha reclamado un informe sobre si esta ampliación de crédito cumple con la ley balear de servicios sociales y la Constitución, al entender que se establecía un criterio de "prioridad nacional" al otorgar las ayudas.
El conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha defendido que el personal del Consell "nunca" dejaría que se convocase un pleno si faltara documentación.
Cladera ha pedido que el secretario del Consell confirme que es legal y este le ha respondido que en el expediente no se analiza la legalidad, sino que se hará en la aplicación de sus requisitos, por lo que ha señalado que el expediente está "completo" y cuenta con un informe "favorable" de la intervención.
El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha salido al paso al subrayar que esto "demuestra la legalidad" de las ayudas y ha criticado que el PSIB "siembre dudas" acerca de la profesionalidad de los trabajadores de la institución insular. Finalmente, la urgencia de las ayudas ha quedado aprobada con los mismos votos con los que se han aprobado las ayudas.
Ya en el debate sobre las propias ayudas, Bosch ha defendido que la convocatoria de subvenciones se ha podido llevar a cabo porque el Consell dispone unos remanentes que le permiten "salir al paso" de una situación "compleja".
En cuanto al término "prioridad nacional", ha sostenido que "no se ve" en los expedientes tramitados y ha reivindicado que se haya tardado una semana más para convocar el pleno en el que aprobarlas, puesto que se han incrementado en cinco millones más.
Así, el conseller insular ha ahondado que en la UE hay una serie de "ayudas básicas" y otras "no básicas", como es el caso por una coyuntura económica "extraordinaria". Sobre estas segundas, ha apuntado que el Tribunal de Justicia de la UE ha dictado sentencias en las que ve "razonable" que se establezca un requisito de cinco años de residencia para dar una "igualdad de trato" con respecto a los nacionales.
Aquí ha puesto el caso de un pleito en Italia, en el que se indicó que cinco años de requisito era un periodo "razonable" pero diez no. Además, ha remarcado que en el territorio comunitario también se piden los cinco años de residencia en otros Estados como Austria, Francia o Finlandia, e incluso en el caso de Dinamarca ha afirmado que este lapso sube hasta los nueve años.
El turno de intervenciones ha comenzado con el conseller insular de El PI, Antoni Salas, quien ha pedido "priorizar a los mallorquines" en las políticas públicas y que las ayudas se den a los que "han podido aportar".
Al mismo tiempo, ha incidido en que "nadie" habla de la "sostenibilidad de los mallorquines como pueblo" y ha alertado que su supervivencia está "en juego". Pese a su apoyo a la medida, ha criticado que no se cuente con los ayuntamientos para canalizar estas ayudas.
La portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, ha censurado que esta ha sido una operación política dictada por la "extrema derecha" y "asumida por el PP". Asimismo, ha reprochado que busquen un modelo de "confrontación social" de "pobres contra pobres".
En cuanto a las políticas sociales, ha señalado que el criterio de residencia ininterrumpida puede provocar que trabajadores de Menorca o Eivissa no puedan solicitar estas ayudas y se lo hayan planteado para cribar a gente de Argentina o Senegal.
La ecosoberanista ha defendido que las "prioridades nacionales" de MÉS son una "vivienda digna para todos", acabar con el "colapso" en las carreteras, hacer el catalán "accesible para todos" y "sacar de las instituciones a la derecha racista y xenófoba", entre otras.
En representación de Vox, el portavoz de la formación, Toni Gili, ha sostenido que este requisito de residencia es "la prioridad nacional" que defienden y es el "paso previo" a los decretos de vendrán después.
También ha alegado que "no es racismo, ni xenofobia", sino "priorizar a los que contribuyen, a los españoles y a los mallorquines que pagan sus impuestos". "La prioridad nacional empieza a caminar y Vox está del lado de los que lo han dado todo", ha resaltado.
EL PSIB ESTUDIARÁ UN POSIBLE RECURSO CONTRA LAS AYUDAS
Después, Cladera ha avanzado que el PSIB estudiará acciones legales al entender que existe una "discriminación social" en la convocatoria de ayudas y ha pedido a Bosch que si dispone de informes del Consell favorables a los cinco años de residencia, los entregue por "transparencia".
La líder de la oposición ha apuntado que con las ayudas se "siembra un precedente" en Mallorca y ha responsabilizado al PP de "vender los derechos humanos", por lo que ha pedido que eche a Vox del Consell de Mallorca y pacte un escudo social con los socialistas.
Igualmente, ha puesto el ejemplo del Govern que ha pactado con la oposición el primer paquete de ayudas y ahora negocia el paquete de medidas sociales. Cladera ha afirmado que con estas ayudas hay "ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda", lo ha tildado de "escudo racial" y ha vaticinado que "Vox no se va a parar aquí".
La portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ha acusado a Cladera de hacer "populismo" y ha destacado que Mallorca es "una tierra acogedora" pero pretenden que "la gente se integre".
En ese sentido, ha puesto el ejemplo de las pensiones que piden diez años de residencia para otorgarlas o el Ayuntamiento de sa Pobla --en el que participa el PSIB--, que pide 15 años de residencia para optar a una vivienda pública.
