Ya ha comenzado oficialmente el trámite parlamentario del proyecto de nueva ley educativa española, la LOMLOE, también conocida como “ley Celaá”.
Este proyecto de Ley ha contado desde el principio con la oposición del Partido Popular, Ciudadanos y Vox (los tres han presentado enmiendas a la totalidad), y también de otros sectores de la comunidad educativa: las organizaciones de colegios CECE y Escuelas Católicas, asociaciones de padres como CONCAPA y COFAPA –agrupadas en la Plataforma Concertados– y los sindicatos FEUSO y FSIE. Además, recientemente se han unido a las críticas distintos colectivos relacionados con la educación especial, que indican que el proyecto pretende colar a escondidas un plan para cerrar progresivamente este tipo de centros.
Examinémosla un poco. En las medidas propuestas en el texto algunas no pasan de ser declaraciones genéricas o brindis al sol, como lo de cambiar un sistema de aprendizaje “memorístico” (como si algún chaval estuviera aún memorizando) .
Donde la LOMLOE sí cambia sustancialmente es en el régimen de conciertos .La ley señala como uno de sus iconos que la educación pública debe ser el “eje vertebrador” del sistema educativo, lo que significa que las administraciones no tendrán en cuenta el deseo de las familias (la llamada “demanda social”) al configurar la oferta de plazas escolares, obligándose únicamente a que existan plazas públicas para todo el que lo necesite.
La “perspectiva de género”, otro icono, se impone creando una asignatura de Valores éticos y cívicos, en la que se incluirán contenidos sobre sexualidad enfocados desde los presupuestos de la ideología de género, y que se impartirá a final de Primaria y en un curso de la ESO por determinar. Toda una nueva forma de adoctrinamiento sexual revestida de buenismo.
El texto habla también de subvención “preferente” a los centros mixtos, como “preferencia” de un requisito indispensable para recibir financiación pública. Otro ataque al derecho fundamental de los padres.
Todas estas formas de impedir la libre elección podrán ser recurridas de aprobarse la ley, ya que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han fallado recientemente en sentido contrario.
Como siempre, los que defendemos de verdad la libertad de todos, tendremos que movilizarnos y oponernos a esta nueva imposición partidista.