Transcurridas menos de dos semanas desde la constitución de los nuevos ayuntamientos, sorprende que algunas de las primeras medidas adoptadas en varios municipios hayan sido las subidas de sueldo para los alcaldes y los equipos de gobierno. Tal y como ha publicado mallorcadiario.com los últimos días, estas subidas han sido objeto de polémica en localidades como Calviá -donde el gobierno municipal se ha subido el sueldo un 6 por ciento-, Capdepera o Palma.
Es especialmente llamativo este último caso, donde el alcalde, José Hila, cobrará un 2,5 por ciento más que su antecesor, en una subida generalizada de la que también se benefician los directores generales y los coordinadores. Junto a esta importante subida de salario para los políticos, el nuevo equipo de gobierno de Cort ha inaugurado la legislatura disparando la contratación de cargos de confianza. El nuevo organigrama del Ajuntament de Palma, conocido este miércoles, contará con diez coordinadores generales, uno más que en la legislatura pasada, y 25 directores generales, lo que significa nueve más que en el anterior mandato. También habrá un total de nueve asesores, tres más que en la legislatura pasada, y dos nuevos cargos correspondientes al nuevo grupo que entra en el Ayuntamiento, Vox. En total, 46 altos cargos.
Nadie discute que los gobiernos municipales deben estar formados por equipos con una formación solvente, suficientes en número y con remuneraciones que compensen la dedicación que el cargo exige. Es cuestionable, sin embargo, la escasa exigencia formal que requieren estas contrataciones, que en la práctica totalidad son para cargos de confianza nombrados a dedo y que a menudo realizan funciones diferentes a las señaladas para el puesto.
Subidas de sueldo para los políticos en los primeros minutos del mandato y aumento de la bolsa de cargos y asesores son actuaciones que carecen de toda estética, por muy justificadas que puedan estar desde un punto de vista operativo. Los representantes que han elegido los ciudadanos deberían evitar acciones de este tipo antes de haber adoptado medidas que supongan soluciones para los problemas reales que afectan a sus representados, quienes reclaman soluciones a problemas de seguridad, limpieza o vivienda, antes que la subida de sueldo de los políticos.
Adoptar acciones tan descaradas en fechas más cercanas a las próximas elecciones tendría un coste electoral que seguramente se quiere evitar actuando rápidamente sin renunciar a la subida. Ahora faltan cuatro años para las próximas elecciones, un tiempo al que algunos parecen fiar el olvido de actuaciones tan poco estéticas y desconsideradas con los problemas de los ciudadanos.
