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Un futuro en manos de los extranjeros

miércoles 26 de junio de 2019, 00:00h

Las Baleares cuentan oficialmente con 1.187.808 habitantes, según los datos dados a conocer este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las Islas han crecido en número de residentes, concretamente 20.885 personas más que en enero de 2018, lo que significa un aumento del 1,79 por ciento. El dato sitúa a Baleares como la comunidad en la que más creció la población en el año 2018 en toda España, por delante de Madrid, Canarias, Cataluña o Navarra, que también registraron incrementos.

En esta evolución al alza, los extranjeros juegan un papel fundamental. El crecimiento vegetativo -número de nacimientos menos el número de fallecidos- apenas ha supuesto en Baleares un incremento de 1.946 nuevos habitantes personas, mientras que los ciudadanos llegados de otras comunidades sumaron 3.686 residentes. En cambio, la entrada de extranjeros se situó en 15.294 nuevos habitantes en las Islas, cifra que dispara el aumento demográfico registrado en nuestra comunidad.

Estas variaciones muestran el dinamismo social que mantiene una comunidad como la balear, convertida en un polo de atracción de nuevos residentes. En Baleares, como en toda España, el recambio generacional difícilmente se llega a completar con los procesos demográficos internos. Así, cada vez más -en un escenario de carencia de medidas de fomento y protección a las familias- la llegada de extranjeros se convierte en la necesaria solución al crecimiento y el progreso de nuestra sociedad.

Esta llegada de extranjeros, masiva en el caso de Baleares, debe observarse también con un cierto grado de reflexión a la hora de establecer futuras relaciones con los nuevos ciudadanos baleares y de prever las necesidades que genera este incremento poblacional en una comunidad como la nuestra. Deben atenderse elementos dirigidos a la integración cultural sin que se pierda la riqueza que aporta el multiculturalismo de los recién llegados, de la misma manera que las administraciones deben garantizar el mantenimiento y la financiación de los servicios públicos, así como de las infraestructuras necesarias -transportes, carreteras, vivienda...- que este aumento de población conlleva.


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