Matar al mensajero

El ministro de Justicia Rafael Catalá ha vuelto “a meter la pata hasta la empuñadura” con unas declaraciones que han conseguido una rara unanimidad, logrando que tanto la oposición, como el propio partido que sustenta al gobierno, el partido Popular, y los  miembros representantes de la judicatura, critiquen la idea de abrir esa reflexión sobre la sanción a los medios que filtren sumarios que lanzó el ministro, que solo unas horas después se vio obligado a matizar sus palabras, lo que no hizo sino empeorar la situación.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, subrayó que la libertad de prensa “es sagrada” y está recogida en la Constitución. Insistiendo a los periodistas en el Congreso que esa es “una convicción” que comparte “toda la gente que está en el Partido Popular”.

El presidente del Tribunal Supremo y la fiscal general del Estado rechazaron de plano  la propuesta planteada por el ministro de Justicia de sancionar a los medios que informen de sumarios secretos.

Carlos Lesmes fue especialmente rotundo. "En materia de filtraciones, lo que me parece realmente reprobable es el servidor público, funcionario, juez o fiscal, que filtra. Es claramente reprobable y puede constituir un delito de revelación de secretos. En cuanto a medios de comunicación, creo que cumplen con su deber informando, por lo que cuando se cumple un deber no puede haber infracción”.

Consuelo Madrigal recordó que la Fiscalía puede informar incluso de causas que están bajo secreto, siempre que los datos proporcionados no perjudiquen las pesquisas.

Madrigal destacó que la Constitución es clara al respecto, sin referirse en ningún momento a la necesidad de modificar la actual legislación, que si bien sanciona al funcionario que filtra no lo hace con el periodista que publica. "Yo creo que libertad expresión y sus límites están claros en la Constitución y a eso debemos atenernos".

Solo una persona se ha alineado con la tesis inicial del ministro: Esperanza Aguirre. La candidata a la Alcaldía de Madrid ha defendido que “si un sumario es secreto no se debe publicar” y se ha posicionado “a favor de acabar con la indefensión” que esa publicación puede generar, claramente un brindis al sol de la ultraderecha más casposa madrileña.

Por lo demás, no se ha producido ninguna otra declaración a favor de recuperar la censura previa para la prensa. Eso si, en plan de justificar lo injustificable, fuentes del PP han atribuido la “ocurrencia” del ministro al nerviosismo de Catalá por la penosa gestión del “caso Rato”. El ministro de Justicia, quién, al parecer, llamó a Rajoy para avisarle del registro del domicilio y el despacho del exvicepresidente del gobierno con José Maria Aznar, a primera hora de la tarde del jueves 16 de abril, no pudo o no supo evitar ni el penoso espectáculo mediático, ni la más que cuestionable actuación de los agentes de Vigilancia Aduanera y las tensiones entre Anticorrupción y la Fiscalía de Madrid.

Este ministro, al que nombraron para que nos hiciera olvidar al ministro de justicia al que sustituyó, Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez, lleva camino de hacérnoslo olvidar y, como dice el refrán “de fueran vendrán que bueno te harán”, a marchas forzadas, porque no para de decir boutades, como cuando actuando como abogado de exministros y funcionarios franquistas sobre los que hay solicitud de extradición, justificó la negativa del Gobierno del PP a extraditarlos en que “los crímenes que hoy nos parecen execrables eran legales en el franquismo”, igual que sostuvieron los abogados de los nazis cuando pretendieron amparar la impunidad de sus crímenes, en que habían sido cometidos de conformidad con la legislación del III Reich.

Y esto a pesar que las innumerables condenas de distintos organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos por la impunidad con que las autoridades políticas y la administración de justicia españolas han favorecido y favorecen a los criminales franquistas y han desamparado y desamparan a sus víctimas y la condena más enérgica a la execrable  Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.

Lo dicho: “Don't shoot the piano player”.

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