La moción de censura presentada por el PSOE para relevar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a condicionar la vida política española durante las próximas semanas. Tras la sentencia del caso Gürtel, que condena al Partido Popular por lucrarse con las actividades de su tesorero Luis Bárcenas, el principal partido de la oposición tardó menos de 24 horas en registrar la moción en el Congreso de los Diputados, antes incluso de debatir el tema en el seno de la ejecutiva federal reunida el viernes.
Las posibilidades de sacar adelante la moción son un interrogante, toda vez que Ciudadanos, al que las encuestas sitúan ganador, no parece dispuesto a hacer presidente a Sánchez, y después de que la aritmética para obtener una mayoría suficiente obligue a sumar formaciones con peticiones nada fáciles de aceptar por el propio PSOE.
La situación, además, llega en medio de un endiablado calendario, con el debate de los Presupuestos Generales en marcha (falta su paso por el Senado y, si procede, de nuevo por el Congreso) y con la aplicación en Cataluña del artículo 155 de la Constitución, pactado por el Gobierno precisamente con el PSOE y con Ciudadanos.
Posiblemente al PSOE no le quedaban más opciones que presentar la moción, por la gravedad de la sentencia de la Audiencia Nacional contra el partido del Gobierno, y después de que el propio PSOE marcase el listón de las mociones de censura con la presentada recientemente en la Comunidad de Madrid por el caso del máster de Cifuentes. Tampoco hay que olvidar que una operación de este tipo sirve de revulsivo y escaparate para un partido cuyo líder no es diputado y al que algunas encuestas le sitúan en cuarto lugar ante unas elecciones generales.
Pueden entenderse las prisas, pero la inestabilidad que conlleva una acción de este tipo puede acabar complicando otros aspectos de la vida política, social y económica del país, sin olvidar que un triunfo de Sánchez no alteraría la formación de unas cámaras en las que el PP seguiría teniendo la mayoría absoluta en el Senado. Con la moción ya registrada, el presidente del Gobierno no puede legalmente convocar elecciones, por lo que tiene una excusa perfecta para no tomar ninguna decisión y asistir al debate de la moción confiando únicamente en que Sánchez no sea capaz de sumar los apoyos suficientes.
En todo caso, un rechazo de la moción no acaba con el problema de origen, máxime cuando aún quedan otros casos judiciales por corrupción que pueden suponer más condenas para el Partido Popular y algunos de sus dirigentes, llevando la situación a un extremo insostenible. La solución más razonable es pactar un calendario de elecciones anticipadas para que retorne la estabilidad política.
Ocurrió cuando el PP llegó al poder por primera vez, después de que los ciudadanos castigasen los muchos casos de corrupción del PSOE: la financiación ilegal del partido en el caso Filesa, el caso Rubio que llevó a la cárcel al gobernador del Banco de España, la fuga del director de la Guardia Civil Luis Roldán tras el saqueo del instituto armado, el caso de los fondos reservados de Interior que supuso prisión para un ministro y un secretario de Estado; el caso Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente, acusado de tráfico de influencias y condenado por delito fiscal… Los ciudadanos, entonces, decidieron el relevo. Ahora deben ser ellos los que se pronuncien y permitan, más pronto que tarde, que se recupere la estabilidad de las instituciones, superando el bloqueo en el que la sentencia ha dejado al propio Gobierno. El atajo de la moción de censura podría no llevar a ninguna parte y enquistar aun más una situación perjudicial para el país.
