La libertad de expresión y la libertad de reunión y manifestación constituyen pilares esenciales de toda democracia. Manifestarse, protestar pacíficamente, denunciar situaciones que se consideran injustas o exigir cambios en las políticas públicas son derechos fundamentales que merecen la máxima protección. Precisamente por ello resulta especialmente grave que una plataforma como Menys Turisme, Més Vida, integrada por numerosas entidades con una larga trayectoria reivindicativa y un indudable respaldo social, haya cruzado una línea que jamás debería traspasarse: la incitación a cometer actos ilícitos.
No se trata únicamente de expresar rechazo hacia un determinado modelo turístico. Tampoco de señalar discrepancias con empresas del sector o con determinadas actividades económicas. Lo verdaderamente preocupante es que, a través de las redes sociales, se anime explícitamente a causar daños en inmobiliarias y negocios turísticos, se den instrucciones para evitar ser identificados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, además, se recomiende grabar las acciones para difundirlas posteriormente. Es decir, no solo se plantea la comisión de actos vandálicos, sino que se facilita una guía para intentar eludir las consecuencias legales de esas conductas.
Defender un cambio de modelo turístico es perfectamente legítimo. Promover la violencia urbana no lo es.
Cabe preguntarse qué se pretende conseguir con semejante estrategia. ¿Qué legitimidad puede tener una reivindicación que necesita recurrir a la intimidación, al sabotaje o al deterioro de bienes privados? ¿Con qué derecho se señala a empresas que desarrollan una actividad legal para convertirlas en objetivo de acciones violentas? Ninguna causa, por legítima que pueda considerarse, queda reforzada cuando abandona el terreno del Estado de Derecho para adentrarse en el de la coacción.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben actuar con diligencia ante cualquier posible delito, evitando que los mensajes difundidos puedan traducirse en hechos consumados. Del mismo modo, la Delegación del Gobierno tiene la responsabilidad de adoptar cuantas medidas sean necesarias para garantizar la seguridad ciudadana y la protección de personas y bienes.
Pero también corresponde a las entidades que integran la plataforma asumir su propia responsabilidad. Si no comparten esa deriva, deben desautorizarla de forma inmediata y pública. Guardar silencio equivaldría a respaldar una deriva radical y antisistema que a nada positivo conduce. Defender un cambio de modelo turístico es perfectamente legítimo. Promover la violencia urbana no lo es. Quien decide utilizar medios ilícitos para perseguir fines políticos o sociales deja de ejercer un derecho para convertirse en corresponsable de las consecuencias de sus propios actos.
