www.mallorcadiario.com

Minority Report judicial

martes 07 de noviembre de 2023, 01:00h

Escucha la noticia

De todo el pandemónium que la derecha, política, mediática y judicial, está montando estos días alrededor de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, llaman de modo especial la atención los movimientos de determinados estamentos de la judicatura en contra de la posible ley de amnistía, de la que de momento no se conoce absolutamente nada de su contenido concreto.

Algunos vocales del ala conservadora, por supuesto, del Consejo General del Poder Judicial convocan un pleno extraordinario con la pretensión, según las informaciones de los medios de comunicación, de debatir sobre dicha ley, nonata, elaborar un informe, negativo claro está e incluso elevar una solicitud a instancias europeas para que se impida su promulgación.

Parece una situación kafkiana o, mejor dicho, dickiana, de Philip K Dick, escritor estadounidense de ciencia ficción, que publicó un relato titulado The Minority Report, basada en el cual se filmó una película del mismo título (sin el artículo). En esencia, la trama trata de un cuerpo especial de policía, “precrim”, especializado en la detención de delincuentes antes de que hayan cometido sus crímenes, lo que consiguen con la ayuda de unos individuos, los “precogs”, que tienen capacidades de conocer con antelación la comisión de delitos.

Tal parece que los citados miembros del consejo general tengan capacidades “precogs”, puesto que están dispuestos a escribir un informe sobre una ley de cuyo contenido no se ha publicado aun ni una sola palabra y, si es verdad que piensan elevar una solicitud a instancias europeas, habrá que ver cómo justifican impugnar una ley que aun no se ha promulgado.

En una democracia con auténtica división de poderes la capacidad legislativa la tiene el parlamento, elegido por sufragio universal y, por tanto, representativo de la voluntad popular, siempre con las limitaciones impuestas por las leyes electorales que rijan en cada caso. El sistema judicial independiente debe también ser muy cuidadoso en el respeto al poder legislativo. A los jueces compete la interpretación y aplicación de las leyes, no su elaboración ni promulgación. No es un ejemplo de ese respeto democrático el comportamiento actual de estos miembros del consejo general, ni tampoco el de algunas asociaciones profesionales de jueces y magistrados, que también han criticado antes de tiempo la hipotética ley de amnistía.

Los jueces no son elegidos por los ciudadanos, los diputados del congreso sí. Por eso los parlamentarios tienen la legitimidad para redactar, debatir y aprobar leyes. Criticar una posible ley antes de siquiera conocerla es correcto en los políticos, puesto que forma parte de la dinámica de acción y reacción propia de la confrontación democrática, pero los jueces deberían ser un más cautos, más prudentes, puesto que salir a la palestra pública con una crítica coincidente casi al 100 % con la de unas determinadas opciones políticas no dice nada en favor de su objetividad e imparcialidad.

De hecho, desde alguna de las asociaciones profesionales de jueces, de las consideradas conservadoras, se ha llegado a decir que la ley de amnistía vendría a ser como el final del estado democrático de derecho. Quizás lo que pone en peligro el estado de derecho es la índole descaradamente conservadora, incluso ultraconservadora, de una parte sustancial de la cúpula judicial y de la fiscalía.

No debería ser necesario explicar a jueces, magistrados y fiscales que la legitimidad de la representación popular reside en el Congreso y en el Senado y que son los diputados los que tienen la última palabra en la aprobación de las leyes. Si hay dudas de la constitucionalidad de alguna ley, o parte de la misma, corresponde al Tribunal Constitucional decidir al respecto, pero no al sistema judicial.

Tampoco debería ser necesario explicar a jueces, magistrados y fiscales, ni a ningún político, que todos los votos válidos son legítimos y que las leyes se aprueban por mayoría, distinta según los casos, pero mayoría, compuesta por diputados que todos tienen la misma legitimidad, todos, y que las mayorías que se conforman en el Congreso son plenamente legítimas y, por tanto, no suponen ningún riesgo para el estado democrático, al contrario, responden a su correcto funcionamiento.

Lo que quizás pudiera poner el peligro el estado democrático sería la injerencia de uno de los poderes independientes en las competencias de otro.

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (0)    No(0)

+
0 comentarios