Las monjas jerónimas han expresado este viernes, en rueda de prensa, su alegría por la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 9 de Palma, que ha declarado que las religiosas son las propietarias del Monasterio de Santa Isabel.
Según ha expresado la presidenta de la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas de Santa Paula y Priora ad nutum Sanctae Sedis, del Monasterio de Santa Isabel de Palma, Sor Ángeles Sanz Rodríguez, OSH (Sor Natividad, en religión), "la sentencia que acredita a las religiosas de la Orden de San Jerónimo como las propietarias del Monasterio de Santa Isabel es un acontecimiento esperado pero, a la vez, doloroso, por el escándalo que ha significado el no haber sido capaces de llegar a acuerdos entre quien forma la iglesia católica".
"La sentencia no es un triunfo para quienes formamos parte de la Orden de San Jerónimo, sino simplemente la verdad saliendo a la luz", ha destacado la religiosa, haciendo hincapié en que en ella "se reafirma la providencia de Dios".
En esta línea Sor Ángeles Sanz ha reiterado que a pesar de la "alegría" por que "la verdad ha salido a la luz", el camino recorrido hasta ello les ha hecho "sufrir mucho". Para la religiosa, "tener que tratar en los tribunales este tema, con alguien tan de la iglesia como el obispo, es doloroso", ha reconocido.
Así mismo, ha escusado al que prelado de haber llegado a esta situación. "Tal vez han sido sus colaboradores quien le han llevado a ella", ha añadido.
Por su parte, la letrada directora del procedimiento, y quien defiende los intereses del Monasterio de Santa Isabel, Maria del Pilar Rosselló Corró, ha valorado que pese a que "el camino ha sido largo" al final "se ha hecho justicia" porque, ha continuado diciendo "las jerónimas han visto reconocido su derecho de propiedad del Monasterio de Santa Isabel, que han poseído en concepto de dueñas y habitado desde 1485 hasta su traslado a Inca en 2014".
"Las religiosas de la Orden de San Jerónimo nunca salieron del Monasterio de Santa Isabel, ni siquiera por razones históricas, como la desamortización o la Guerra Civil, cuando un avión se estrelló contra el edificio, falleciendo dos de las hermanas", ha destacado.
Rosselló ha celebrado que "al crisol de este proceso judicial, ha relucido una verdad incontestable, como es el título de dominio de las fincas que integran el patrimonio de las religiosas". Un hecho que ha sido probado "gracias a más de 140 documentos, la práctica totalidad de ellos públicos y no desconocidos por el Obispado, puesto que constan en el Archivo Diocesano por imposición del Derecho Canónico".
"El obispo Salinas y Taltavull han tenido el deber de conocer y custodiar algunos de estos documentos, como los que acreditan que el obispo Campins y el obispo Miralles certificaron que este convento y las viviendas que formaban el complejo monacal son y han sido siempre de las religiosas de la Orden de San Jerónimo. Es más, la primera vez que recibieron esta propiedad fue por atribución pontificia del papa Inocencio VIII, siendo esta posteriormente, en 1492, refrendada por Alejandro VI --el llamado papa Borgia, quien además fue obispo de Mallorca--.
"No es de recibo, por tanto, que la Iglesia Católica quiera ahora usurpar la titularidad de este Monasterio a las religiosas, menos aún cuando, durante todo el siglo XX éstas han llevado a cabo importantes inversiones para su reparación, después que en 1937 fuera en parte derruido cuando un avión de la Guerra Civil se estrelló contra él y fallecieron dos hermanas", ha considerado, añadiendo que "cuando este triste hecho ocurrió, el entonces obispo Miralles fue el primero en comparecer y donar 1.000 pesetas, algo que no hubiese hecho de ser el propietario, porque ello le hubiese obligado a hacerse cargo de toda la reparación".
Mientras todo esto ha podido demostrarse, el Obispado continúa hablando de un "infundado acuerdo verbal", que se desconoce, además, con cuál de los 16 prelados que ha habido desde entonces se habría efectuado porque además "no hay documentos que lo acrediten". Algo que, para la abogada, "es del todo extraño cuando la iglesia dispone de un potente aparato documental". Por ello, ha terminado lamentando, "no hemos entendido la actuación del Obispado".
En la rueda de prensa a los medios también han intervenido el conservador-restaurador, técnico director del mantenimiento y conservación del Monasterio de Santa Isabel, desde 2016, designado por las monjas jerónimas ante las instituciones competentes, Pere Terrasa Rigo, y el catedrático de Historia del Derecho de la, Universidad Complutense de Madrid, y perito actuante en el procedimiento judicial --quien ha participado telemáticamente--, Faustino Martínez Martínez.
