La nueva norma clasifica las sanciones en leves, graves y muy graves. Entre las sanciones consideradas leves, que acarrearán multas que van de los 100 euros a los 3.000 euros, figuran el incumplimiento del uso obligatorio de la mascarilla, el hecho de que un establecimiento abierto al público no ofrezca información a los usuarios sobre horarios, aforos, distancia social y uso de mascarillas, y superar los límites de aforo o de número máximo de personas permitidas en establecimientos o actividades cuando éstas afecten a menos de 15 personas.
El decreto establece sanciones que van desde 3.001 euros y 60.000 euros para las sanciones graves, entre estas la organización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto o evento de carácter público o privado y en espacios públicos y privados, en las que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención.
También se considera infracción grave, el incumplimiento de los límites de aforo o de número máximo de personas permitidos en establecimientos o actividades, cuando no constituyan una infracción leve ni muy grave.
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En cuanto a las infracciones muy graves, con sanciones entre 60.001 y 600.000 euros, se contemplan la comercialización de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto o evento de carácter público o privado y en espacios públicos y privados, en las que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención.
Además, el incumplimiento de los límites de aforo o de número máximo de personas permitidas en establecimientos o actividades cuando este produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población. A este efecto, se fijan como muy grave los incumplimientos que afecten a más de 150 personas.
En la categoria de muy graves también figuran incumplimientos en las prohibiciones relativas a la apertura de locales, y el de la obligación de inhabilitar la pista de baile para este uso.
Además de la sanción económica, la administracióin podrá imponer el cierre del establecimiento o local en el que se produzca la aglomeración y se podrá prohibir su actividad hasta tres años.
En el caso de que esta irregularidad durante la pandemia del coronavirus se produzca en un inmueble dado de alta como estancia turística, se impondrá una multa y se podrá prohibir su actividad comercial hasta tres años.
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Las sanciones también tendrán criterios de graduación según el número de personas afectadas, la intencionalidad de la irregularidad, el beneficio obtenido por la infracción o la reincidencia de la persona física o empresa responsable, entre otros aspectos.
La vigilancia sobre estos aspectos quedará a cargo del nuevo equipo multidisciplinar formado por inspectores de consellerias, consells insulares con competencias en turismo y cuerpos de seguridad para detectar y evitar que se produzcan aglomeraciones. Estos equipos velaran por el cumplimiento de las medidas determinadas por las autoridades sanitarias para evitar nuevos brotes del virus. Su trabajo empezará este fin de semana con el control de aforos y horarios de actividad de los establecimientos de las islas, el uso correcto de mascarillas y el mantenimiento de la distancia social.
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