La Policía Local de Palma interpone 105 denuncias en un solo día a usuarios de patinetes eléctricos y bicicletas. A la vista está que estamos ante un punto de inflexión en la forma en que el Gobierno municipal de Cort decide hacer frente a un problema que lleva años creciendo y poniendo en riesgo a vecinos.
Las cifras desnudas —72 sanciones a conductores de Vehículos de Movilidad Personal (VMP), 14 a ciclistas y 19 por deficiencias de documentación, con 19 vehículos retirados— no son un castigo por capricho, sino la constatación de un deterioro acumulado en la seguridad peatonal que exige respuestas claras y proporcionales.
Durante demasiado tiempo, Palma toleró un uso de patinetes y bicicletas que ha desbordado las normas, invadido aceras, puesto en peligro pasos escolares y convertido el espacio público en una zona de impunidad para infractores. La nueva Ordenanza para el Fomento de la Convivencia Cívica regula de forma explícita estas conductas, exige casco, seguro de responsabilidad civil y límites claros de velocidad y circulación, y lo hace porque el interés general exige reglas.
Durante demasiado tiempo, Palma toleró un uso de patinetes y bicicletas que ha desbordado las normas, invadido aceras, puesto en peligro pasos escolares y convertido el espacio público en una zona de impunidad para infractores
La campaña #PalmaCívica, con controles específicos en entornos escolares y puntos de alta afluencia peatonal, busca proteger al peatón frente al riesgo evitable. Que se retire un patinete por falta de seguro o se multe a un ciclista por auriculares no es punitivo, es responsabilidad básica en una ciudad donde convivimos peatones, vehículos, transporte público y micromovilidad.
No deberían hacer falta multas récord para respetar la ley y la seguridad de terceros, pero cuando la tolerancia se ha traducido en comportamientos que vulneran sistemáticamente las normas, el mensaje debe ser claro: civismo o consecuencias.
Que Cort haya optado por intensificar los controles demuestra dos cosas: primero, que no va a mirar hacia otro lado; segundo, que el equilibrio entre libertad de movilidad y seguridad no se improvisa, se impone. La pregunta que queda para los palmesanos no es si están de acuerdo con las multas, sino si están dispuestos a tolerar que unos pocos pongan en peligro a muchos.
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